En marzo y abril era una tarea ardua conseguir una mascarilla en una farmacia. Fue complicado, por momentos, encontrarlas incluso en los hospitales. Llegó mayo y con él comenzaron a sucederse las fases de la desescalada, la gente volvió a la calle y la mascarilla se convirtió en un complemento obligatorio en autobuses, oficinas e incluso bares. En los primeros días de aquella nueva norma, el Gobierno repartió millones de mascarillas en zonas concurridas y lo hizo por mano de miles de voluntarios. Fue un ejemplo de la labor, muchas veces sorda, que realizan estas personas y las entidades del tercer sector en las que se agrupan, que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha radiografiado después de nueve meses de pandemia que han supuesto un reto para este colectivo.
“Paramos muy pocas semanas. Sólo lo necesario para tener el material de protección necesario”. La frase es de María Luisa Córdoba, presidenta de la Plataforma de Voluntariado de Granada y representante de Integración Para la Vida (Inpavi), una organización que trabaja en las provincias de orientales de la comunidad. En la pasada primavera comenzaron también a diseñar los protocolos de protección para los voluntarios, pero también para los usuarios.
De las 551 entidades del sector incluidas en el informe de la Junta, el 83,7% tuvieron actividad durante la primera ola de la pandemia, es decir, tuvieron la capacidad de adaptarse a las restricciones impulsadas por el Gobierno para contener el Covid-19. “El voluntariado se tuvo que formar y formar a los usuarios en las aplicaciones necesarias”, cuenta Córdoba.
La mayoría de las entidades, un 66,6%, realizaron su labor de forma virtual frente al 37,2% que sí desarrollaron una labor presencial. En la individualidad de los voluntarios, que alcanzan los 10.533, el porcentaje varía levemente, pero siguen siendo más los que realizaron labores virtuales (57%) que presenciales (43%).
Estos datos concuerdan con la propia pandemia, que comenzó con un confinamiento duro que hacía difícil el tránsito, pero también con las necesidades detectadas por las propias organizaciones. Cuando se les pregunta por las urgencias detectadas, el 55,7% de las entidades aludían a la distribución de alimentos como una prioridad, pero la segunda más recurrente era la del acompañamiento, mencionada en el 48,8% de los casos.
“Ahora tenemos una gran demanda de alimentos”, apunta la responsable de la plataforma granadina, que también reseña otras necesidades de la primera ola como el asesoramiento para acceder a ayudas sociales, orientacion laboral y legal o apoyo educativo para los menores que se quedaron sin clase cuando los colegios cerraron el pasado marzo.
“Lo que solemos hacer en un año lo hicimos en dos o tres meses”, apunta la presidenta de la plataforma de Granada. Según los datos de la Junta, más de un tercio (35,7%) de las acciones llevadas a cabo entre marzo y junio estuvieron relacionadas con el acompañamiento laboral, por encima del reparto de alimentos y otros productos (18,4%), el asesoramiento (17,85%)o las necesidades educativas (10,3%).
Pedro Martín, responsable del centro de recursos para el voluntariado de la asociación Resurrección, cuenta ’que hay voluntarios que empezaron a colaborar en los meses más duros de la pandemia y ya no han dejado de hacerlo. Este onubense, que también preside la plataforma de voluntariado de Huelva (Voluntaonuba), reconoce que fue “complicado” gestionar el aluvión de personas que se prestaron a ayudar en lo que hiciera falta. “Algunos se apuntaron en primavera solo por salir a la calle y se han acabado quedando; han descubierto que eran necesarios”, relata Martín.
Un registro con 4.200 voluntarios en plena pandemia
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación quiso aprovechar esta oleada y puso en marcha un registro en el que se apuntaron 4.200 personas. Cuatro de cada diez eran mujeres (59%) y, a pesar de que hay una gran diversidad en sus ocupaciones, destacan las personas procedentes del ámbito sanitario, de la hostelería, el turismo y el comercio, los estudiantes y el ámbito social.
Según los datos del departamento que dirige Rocío Ruiz, la mitad de esos voluntarios no expresaron ninguna preferencia especial por la labor a realizar, pero más de un cuarto del total (26,45%) se ofrecieron para tareas logísticas como el reparto de alimentos, la compra de productos básicos, el transporte de personas y el cuidado de animales a quien no pudiera por motivo del Covid. El 8,9% se ofreció para trabajos sanitarios como la desinfección, los primeros auxilios e incluso la realización de análisis, un porcentaje similar (8,7%) al de voluntarios que optó por el acompañamiento psicológico. Un 2,1% aludió a la atención de colectivos concretos, un 1,6% a la educación y un 1,2% a la gestión o a las labores de administración.
43 de ellos hicieron posible la puesta en marcha de un servicio telefónico de atención a los ciudadanos que ha llegado a 3.400 personas. La mayoría de las dudas estaban relacionadas con la renta mínima de inserción (32%), la tarjeta monedero puesta en marcha por la Junta (26%) y otras ayudas económicas en general (13%).