Un juzgado abre diligencias por la adjudicación del plan de limpieza estival en Nerja

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox ha ordenado la apertura de diligencias previas para esclarecer los términos en que se produjo la adjudicación del plan extraordinario de limpieza que el Ayuntamiento de Nerja puso en marcha en el verano de 2019. El pronunciamiento judicial se produce a raíz de la interposición por parte del concejal no adscrito del Ayuntamiento de Nerja José García de una querella contra el alcalde de la localidad, José Alberto Armijo, otros tres concejales del equipo de gobierno y la secretaria del Consistorio, para esclarecer la presunta comisión de delitos en la adjudicación del citado plan de limpieza.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza señala que, según las actuaciones practicadas hasta el momento, los hechos “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal” y puntualiza que, “no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido”, procede instruir diligencias previas “y practicar aquellas esenciales” para determinarlo.



La querella presentada por este edil dio continuidad a las acciones que el grupo Unidos por el Pueblo de Nerja (Upner), del que García era portavoz, inició en su momento por vía contencioso-administrativa y que derivaron en la anulación este verano del decreto de adjudicación y a la condena en costas al Consistorio, pese a lo cual el concejal anunció que seguiría adelante para esclarecer las posibles irregularidades cometidas.

En su demanda, el ahora edil no adscrito solicitaba al juzgado el inicio de los procedimientos necesarios para determinar si en el mencionado proceso de adjudicación pudieron cometerse por parte de los responsables municipales presuntos delitos de prevaricación y malversación.

Según recogía el escrito, este servicio se adjudicó en julio de 2019 como contrato menor por periodo de un mes y un importe de más de 269.000 euros, pese a existir un informe de disconformidad del interventor municipal al superarse el umbral máximo establecido para esta figura, que para contratos de suministro o de servicios es de 15.000 euros.

La demanda detallaba que posteriormente se prorrogó el contrato con la adjudicataria por un plazo de mes y medio más y un importe de más de 410.000 euros y que al finalizar este periodo se produjo otra ampliación del contrato por mes y medio más, hasta el 15 de noviembre, en esta ocasión por algo más de 366.000 euros.

“Por tanto, a los querellados no les basta con proceder a la contratación de unos servicios infringiendo toda la tramitación correspondiente del sector, sino que además, contraviniendo la misma normativa, proceden a su prórroga de tal manera que instrumentalizan la figura del contrato menor para contratar unos servicios por importe de 1.046.358,28 euros”, señalaba la querella.

Además de la presunta tramitación irregular y del coste final para las arcas públicas, la querella también destacaba el hecho de que con esta forma de proceder “se ha vulnerado el derecho de las restantes empresas a participar” en el procedimiento y, por tanto, a optar a la adjudicación de dichos contratos.

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