El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha dado un tirón de orejas al Gobierno de PP y Cs por un incumplimiento reiterado de la ley autonómica de Transparencia, aprobada en 2014. El director de este ente, Manuel Medina, requirió en una sanción notificada al Ejecutivo el 18 de enero que, en lo sucesivo, publique en la web de la Junta la documentación que va asociada a las normas que se aprueban en el Consejo de Gobierno cada martes. El apercibimiento, que fue desvelado ayer por el diputado socialista Manuel Jiménez Barrios durante el Pleno, también alude a los expedientes asociados a los acuerdos que se toman en consideración en las reuniones del gabinete de Juanma Moreno en San Telmo.
La sanción parte de una denuncia del diputado del PSOE Rodrígo Sánchez Haro, que alertó sobre la ausencia de estos documentos en una gran cantidad de las normas aprobadas por el Ejecutivo autonómicos, sobre todo cuando se trata de decretos ley. El Secretariado del Consejo de Gobierno –puesto que ostenta el viceconsejero de Presidencia, Antonio Sanz– se defiende de la denuncia argumentando que no hay una norma que regule la elaboración de los decretos ley o los acuerdos, pero el Consejo de Transparencia recuerda que hay una instrucción de enero de 2015 sí recoge qué expedientes deben ir asociados a la redacción de este tipo de normas, que sólo deben utilizarse en situaciones de urgencia justificada. Por ese motivo, deben ir asociadas a una memoria justificativa o económica y, en ocasiones, a informes del gabinete jurídico y de la Dirección General dePresupuestos.
Estos son precisamente los documentos que echa en falta Sánchez Haro en su denuncia y que, según ha constatado el propio Consejo de Transparencia, no figuran en la página web de la Administración autonómica en casi todos los casos reseñados por el diputado socialista.El organismo presidido por Manuel Medina extiende esta obligación de publicar documentación a los acuerdos no legislativos aludiendo directamente a la Ley de Transparencia, que dice que deben publicarse “las memorias justificativas y económicas y los informes jurídicos, económicos y de fiscalización que sustenten la decisión que adopte el Consejo de Gobierno”.
La norma establece como salvaguarda la garantía del secreto de las deliberaciones de las reuniones del Ejecutivo e insta a elaborar una fórmula que combine la garantía de transparencia con este secreto. Es precisamente para lo que sirvió la mencionada instrucción de 2015 de la que se sirve el Consejo de Transparencia para afear al Gobierno autonómico la falta de publicidad activa. La sanción enviada al Ejecutivo de Juanma Moreno contempla que, en ocasiones, no puedan publicarse estos documentos, pero insta a la Administración regional a explicitarlo en la web de la Junta.
Las consecuencias de este requerimiento del Consejo de Transparencia y la Protección de Datos, que es efectiva desde principios de febrero son la obligatoria publicación de estas memorias, pero también sientan un precedente. Si el Gobierno andaluz mantiene su negativa a colgar los expedientes en internet para que puedan ser consultados por la ciudadanía, podría incurrir en una infracción muy grave del régimen sancionador de la Ley de Transparencia.
Entre estas infracciones está “el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa previstas en el título II cuando se haya desatendido el requerimiento expreso del Consejo” y su castigo puede incluir hasta el cese en el cargo del responsable de la falta de publicidad y “la imposibilidad de ser nombrado para ocupar cargos similares por un período de hasta tres años”.
La sanción remitida por Manuel Medina al Gobierno no alude a las posibles sanciones, pero fuentes del PSOE explicaron ayer a este medio que su voluntad es volver a requerir toda la información que han echado en falta en estos meses y señalan directamente al portavoz de la Junta, Elías Bendodo, como posible responsable de la situación. Dado el caso, una vez que la denuncia presentada por Sánchez Haro a Transparencia se ha resuelto, se reservan incluso la posibilidad de acudir a los tribunales de lo contencioso-administrativo para reclamar los informes justificativos de las normas autonómicas que deben estar disponibles en la web de la Administración.
Un año y medio sin acceso al concurso de Lourdes Fuster
Lourdes Fuster, que fue abogada del PP en el caso de los ERE, es ahora la presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), un organismo al que accedió tras la dimisión del anterior dirigente a principios de este mismo año. No obstante, Fuster llegó a dicha entidad del sector instrumental de la Junta desde otro de los organismos de la llamada “administración paralela”. La letrada fue nombrada en los primeros meses posteriores al cambio de gobierno en la Junta como subdirectora general de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), el organismo del que depende, por ejemplo, el plan Infoca contra los incendios. Para acceder a ese cargo, Fuster pasó por una convocatoria pública que acabó por resolverse el 14 de septiembre de 2019. Sólo tres días después, el 17 de septiembre, el diputado socialista Gerardo Sánchez, portavoz de Agricultura del partido, se sirvió del artículo siete del reglamento del Parlamento para pedir una copia del expediente administrativo completo del concurso que superó la abogada para acceder al alto cargo. Ha pasado un año y medio desde entonces, pero el grupo del PSOE en la Cámara no ha recibido información alguna a pesar de que la Mesa tuvo conocimiento de la petición el 25 de septiembre de 2019 y la envió al Gobierno andaluz dos días después. El 29 de enero de 2020 el PSOE reiteró la petición y se volvió a poner en marcha el mecanismo, sin éxito. Ocurrió lo mismo el 7 de julio de 2020 y el 2 de septiembre de del mismo año. En ninguno de los casos la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible ni la mencionada agencia han enviado la información solicitada por el diputado.