El Ayuntamiento de Torremolinos ha planteado recursos de interpelación ante las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de paralizar el recientemente aprobado Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de manera cautelar, y solicita 110 millones de euros como indemnización a la parte demandante, según ha anunciado este viernes la concejala de Urbanismo de la localidad, Maribel Tocón.
Así, el Consistorio ha adoptado esta medida tras conocer la pasada semana “el auto del TSJA en el que se suspendía cautelarmente el PGOU de Torremolinos”, una medida que la edil ha catalogado como “drástica y desproporcionada, pudiendo dañar de forma incalculable el desarrollo de la ciudad” y que responde a demandas interpuestas contra la Junta por dos empresas privadas.
Por ello, ha señalado que el Ayuntamiento ha solicitado “una garantía de 110 millones de euros a la parte demandante en concepto de indemnización si finalmente obtiene la razón en una sentencia definitiva”.
La concejala ha valorado que “sorprende paralizar un PGOU que paradójicamente es mucho más garantista en términos medioambientales que el de 1996, que es al que nos obligan a volver en caso de que el recurso interpuesto no prospere y prosiga la decisión judicial de suspenderlo”. Además, ha matizado que “el anterior Plan General no preserva espacios como los pinares o la sierra, algo que el nuevo documento sí que garantiza como espacios medioambientalmente protegidos”.
Respecto a las demandas interpuestas contra la Junta por dos empresas privadas, en las que el Ayuntamiento se persona como afectado, la responsable municipal ha explicado que “responden simplemente a criterios mercantiles”.
En este sentido, ha precisado que “son entes con claros visos comerciales, cuyos intereses económicos se podrían ver agraviados” en caso de que Intu pudiese desarrollar el proyecto de gran centro comercial y de ocio que tiene programado en la localidad.
“El argumento en el que se basa el auto del TSJA es que el procedimiento establecido por la Junta de Andalucía en 2015 para aportar los informes medioambientales requeridos no es el correcto”, ha recordado Tocón, quien ha valorado que por lo tanto, y “pese a que el Ayuntamiento de Torremolinos siempre siguió las instrucciones del ente regional presentando la Evaluación ambiental estratégica, es ahora el tribunal el que entiende que dicha causa es razón para suspender el PGOU, y es algo que podría afectar a más de una docena de municipios de la provincia”. Tocón ha asegurado que el Ayuntamiento va a agotar “todas las posibilidades en la defensa del interés general de nuestro municipio, así como en la creación de puestos de trabajo”.
La ciudad certificará sus recursos públicos como seguros
El Ayuntamiento de Torremolinos ha comenzado el proceso para convertirse en ‘Gestor Seguro de Espacios Públicos’, un reconocimiento que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) a aquellos municipios que certifican con el sello ‘Safe Tourism Certified’ a sus recursos públicos como pueden ser las playas, las oficinas turísticas, los espacios singulares o las zonas de gran confluencia de turistas, según ha anunciado este viernes la edil de Turismo de la localidad, Aida Blanes.
Así, la concejala ha explicado que el Consistorio trabaja en ello después de que el ICTE le haya enviado el Plan de Contingencia que contiene todos los pasos a desarrollar para obtener las certificaciones y lograr el reconocimiento. En este sentido, Blanes ha detallado que “ya se ha concluido la primera fase de diagnóstico y ahora comenzamos la de trabajo, que consiste en poner sobre el papel lo que llevamos trabajando desde el inicio de la pandemia en el Ayuntamiento: que somos un destino seguro y que además lo podemos certificar”.
En esta fase se comenzará con la formación de empleados públicos y gestores para implantar de forma adecuada todos los protocolos de seguridad.