Sonora y amplia protesta en Málaga contra la nueva Ley Celaá

Como en la canción de Sabina, en Málaga ha habido este domingo mucho, mucho ruido. Alrededor de 3.000 vehículos, según datos de la Policía Local, superando con mucho las previsiones iniciales, han recorrido desde las 11:00 algunas de las calles de la capital para protestar contra la nueva Ley de Educación impulsada por el Gobierno central.

Profesores y padres de centros concertados, principalmente, han expresado su malestar con el contenido de una norma ya aprobada por el Congreso de los Diputados, subrayando la incidencia que, a su juicio, tiene sobre la libertad de elección educativa. La marcha, que ha arrancado formalmente a la altura del Edificio Blanco de la Avenida de la Aurora, donde se encuentra la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, ha finalizado alrededor de las 13:00, en la Avenida de Andalucía. Y por lo que parece el recorrido ha transcurrido con normalidad.



“Defiendo el derecho a poder elegir la educación que quiero para mis hijos, no quiero que me la impongan”, expresa Mariola, madre de un niño matriculado en un concertado. “En mis tiempos estudié en un colegio público, que no tiene nada que ve con lo que hay ahora, y he rezado y tenía la foto del Rey, y creo que he tenido una crianza buena”, defiende, insistiendo en la necesidad de que sean los progenitores los que tengan la decisión final sobre la elección de centro.

El mensaje se repite en los testimonios de los muchos padres que se suman a la marcha. Una de ellas es Beatriz Moreno, que tiene a sus dos hijas en el colegio San José de la capital. “Nos oponeos a la ley y sobre todo cuando se usan mentiras”, dice, rechazando el argumento de que al estar en un concertado se obliga a los padres a pagar una cuota. En su caso, precisa que se trata de una aportación de carácter voluntario que no todos asumen. También niega que el sistema de ingreso tenga “desigualdades”.  “Hay un baremo de puntos que es igual que en la pública”, recuerda.

Manuel Becerra es otro padre disconforme con la norma. “Estoy en contra porque se ha obviado a una parte muy importante de la sociedad, como se ha contado con los docentes, los padres, los escolares”, expresa, cuestionando la decisión de permitir pasar de curso con suspensos. “Es una barbaridad y conducimos a los alumnos a la vagancia, al poco esfuerzo…”, sentencia, insistiendo en que ha de entenderse la enseñanza como “un contrapeso magnífico” a la educación pública.

Uno de los colectivos más críticos con la ley es el de las Escuelas Católicas. Francisco Luis Martínez, representante del mismo, llama la atención sobre la “gran división” con la que nace, como demuestra el que haya sido aprobado por solo un voto. “No ha habido posibilidad de consenso y ni siquiera de diálogo”, apostilla. A su juicio, el planteamiento actual también perjudica a la enseñanza pública porque “la Administración no se puede arrogar un derecho que corresponde a las familias, que es la que tiene el derecho de elegir el centro; sea del signo que sea, una administración no debe hurtar esa libertad”.

“La escuela tiene que tener una pluralidad que enriquezca la sociedad y fomentar la calidad educativa con una alternativa que tenga las mismas reglas del juego es beneficioso”, ha añadido. Asimismo, pone el foco de atención sobre la enseñanza especial y la previsión de que los mismos desaparezcan en diez años.

Un aspecto que también pone de relevancia José Miguel Fernández, profesor del colegio Europa. Porque considera que hay niños que por sus características no pueden ser atendidos en centros normales. “Hay cosas que no son congruentes en la ley y van en contra de la concertada”, viene a resumir.

Entre los preceptos que genera controversia pone el acento en la imposibilidad de solicitar plaza en un centro concertado hasta que no se complete la oferta de los colegios públicos. “Hasta ahora los padres podían elegir pero con esta ley ya no, se tendrán que quedar con lo que sobre, con lo que quede”, denuncia, señalando el riesgo que ello genera también para el empleo de muchos docentes de la concertada.

Sonia Rubio también es profesora en un centro concertado. “Lo que pretende la ministra es acabar con la concertada porque dice que son colegios elitistas; pretende una educación en igualdad, pública y concertada, pero lo que no sabe es que el artículo 27 de la Constitución dice que los padres tienen libertad para elegir la educación de sus hijos ya sea en centros públicos, concertados o privados”, dice, mostrándose convencida de que al final “serán los padres los que ganarán la batalla, no ella”.

“No puede ser que uno de los pilares básicos de un país como es la educación se apruebe con un margen de consenso tan ajustado”, comenta Isabel, otra profesora. A su juicio, la Ley Celaá “coarta la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que quiere para sus hijos y favorece que el nivel educativo de los jóvenes sea cada vez menor”.

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