Radiografía de la demanda de vivienda social en Málaga

¿Quiénes son los que actualmente tienen mayor necesidad de vivienda a precio asequible en Málaga capital? ¿Cuál su perfil económico? Son algunos de los interrogantes que pueden ser respondidos atendiendo a los datos recogidos en el registro de demandantes del que dispone el Ayuntamiento de la capital. La información detallada de los inscritos en el mismo permiten realizar una radiografía más o menos exacta de una amplia población que no dispone de las posibilidades ciertas para optar a un inmueble en el mercado libre.

De acuerdo con los datos aportados a este periodo por el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, a fecha del pasado octubre eran 19.309 las familias que estaban inscritas, reclamando una solución habitacional adecuada. Siendo elevado el parámetro, no es ni mucho menos el momento en el que ha estado más alto. Hay que recordar, por ejemplo, que a finales del pasado año eran unas 20.500 y en 2006, cuando se sorteó la mayor promoción de vivienda social de la capital, Soliva, optaron a la misma unos 23.000 solicitantes.



Del valor actualizado, cabe destacar que 2.397 solicitudes se han incorporado en lo que va de año, algo que puede estar relacionado con los efectos de la pandemia y la dificultad de realizar los procedimientos administrativos. El año pasado, las solicitudes nuevas fueron 4.171 y en 2018, 4.549.

Una de las particularidades del registro de demandantes, que se nutre de la información que aportan los solicitantes, es que sirve de guía al Ayuntamiento a la hora de planificar su apuesta en materia de vivienda protegida. Si hasta hace unos años no parecía discutible la fórmula de los pisos en compra, la realidad económica de los demandantes, con recursos más bien escasos y de edad joven, hizo que el equipo de gobierno virase el rumbo y ampliase la apuesta por el alquiler. Algo que ya se ve en buena parte de las promociones en marcha o proyectadas.

Tomando en consideración este hecho, el 43% de los demandantes pide viviendas en alquiler con opción a compra, otro 37% solo alquiler, mientras que aquellos que quieren optar a un inmueble en régimen de compra apenas representa ya el 20%. Esta tendencia al arrendamiento viene claramente justificada por la capacidad de ingresos de los que están inscritos.

Según los datos oficiales, más de la mitad, el 55% en concreto, asegura tener ingresos de entre 0 y 1 Iprem, que se traduce en 7.519,59 euros al año. Es decir, como apunta Pomares, tiene capacidad para pagar un alquiler de apenas 156 euros mensuales. Una cifra en las antípodas de lo que a día de hoy se está exigiendo por una vivienda en alquiler en la capital en el mercado libre.

Otro 33% fija sus ingresos entre 1 y 2,5 Iprem (es decir, entre 7.519,59 euros y casi 18.800 euros anuales), lo que abre la posibilidad a afrontar una renta mensual de 400 euros. Solo un 6% dispone de entre 2,5 y 3,5 Iprem (casi 18.800 euros y algo más de 26.300 euros anuales), pudiendo pagar un alquiler de 550 euros. El otro 6% restante dice disponer de ingresos superiores a los 26.300 euros.

Otra variable medida por el Instituto Municipal de Vivienda es la relativa a los cupos de protección. En este sentido, la gran mayoría de peticionarios son jóvenes de menos de 35 años (72%), seguidos de familias monoparentales (6%), familias en riesgo de exclusión social (6%) y otros casos (16%).

Para tratar de contrarrestar esta necesidad, el Ayuntamiento tiene actualmente en desarrollo 138 viviendas destinadas a jóvenes, 73 de ellas en venta y el resto en alquiler con opción a compra. Y tiene en cartera el impulso de otras 1.015, en este caso con predominio del arrendamiento. De todas las promociones futuras, la de mayor calado es la proyectada en el sector Universidad. En estos suelos, cuenta ya con subvenciones de la Junta de Andalucía, por 11,6 millones, para avanzar en la ejecución de una primera fase 476 viviendas.

Antes de poder activar los concursos para adjudicar estas obras, se está tramitando la actualización de algunos proyectos. Asimismo, como recordó Pomares, se está a la espera de firmar el préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que financiará parte de esta operación.

Las restantes 525 viviendas, segmentadas en cuatro parcelas de Universidad, son objeto de un posible acuerdo de permuta con el Sepes, la entidad estatal de suelo, dependiente del Ministerio de Fomento. A cambio de estos terrenos, el Ayuntamiento se quedaría con los suelos de uso empresarial sobre los que proyecta la organización de la una Expo Internacional sobre sostenibilidad, que tendría lugar en el año 2027. El acuerdo aún no está formalizado pero sí avanzado.

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