Piden al juez que Zoido y Torres Hurtado declaren como testigos por las ayudas a la Faja Pirídica

La defensa del que fuera secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A Manuel Roberto Carmona Soto ha solicitado al juez José Ignacio Vilaplana que cite a declarar como testigos a los ex delegados del Gobierno en Andalucía Juan Ignacio Zoido y José Torres Hurtado, en relación con las ayudas de los ERE concedidas a los mineros de la Faja Pirítica.

En un escrito presentado en el juzgado de Instrucción esta misma semana, la defensa recuerda que la declaración de dos ex altos cargos del Gobierno Central –en la etapa de José María Aznar– acreditan “con toda claridad la activa participación y dirección de la Administración central del Estado, en todo el proceso de ayudas llevadas a cabo en la Faja Pirítica de Huelva”.



Así, explica que la primera referencia existente para actuar en la zona de la Faja Pirítica con ayudas y pago de prejubilaciones está en un acuerdo firmado exclusciamente por el entonces delegado del Gobierno en la comunidad José Torres Hurtado con el consejero de Empleo, José Antonio Viera, el 27 de febrero de 2002.

En segundo lugar, consta un acuerdo marco para la aplicación de las medidas sociolaborales de fecha 11 de septiembre de 2002, firmado por el subdelegado del Gobierno en Huelva, Carmelo Sanmartín –cuya testifical también se solicita–, y en el que se hace referencia a la aplicación del “Plan único del Gobierno central para paliar la crisis de la Faja Pirítica andaluza (provincias de Huelva y Sevilla)”.

La defensa califica de “cuanto menos sorprendente” que los investigadores de la Guardia Civil hayan afirmado en el atestado relativo a la Faja Pirítica que “no consta el contenido” del mencionado “plan único”, por lo que critica que “tanto por la Fiscalía como por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), se silencian tales docuemntos, así como la participación de tan altas autoridades de la administración central en la toma de decisiones relativas a las ayudas sociolaborales en la Faja Pirítica”.

En este sentido, señala la defensa que no parece que las declaraciones investigados de dos altos cargos del Ministerio de Trabajo, “sin profundizar en la participación de sus superiores jerárquicos, ministros y delegados del Gobierno, pueda aclarar el proceso para la concesión de las ayudas en la Faja Pirítica de Huelva, si ni siquiera es llamado a declarar quien fuera subdelegado del Gobierno en Huelva”.

De esta forma, considera “imprescindible” que los que fueron “principales decisiones de cuanto se desarrolló a nivel de ayudas en la denominada Faja Pirítica expongan ante el juzgado cuál fue el espíritu y motivación de las decisiones de ayuda que se investigan, en qué consistió el Plan Único del Gobierno central, así como la coordinación entre ambas administraciones, puesto que sin ello la investigación no sólo quedaría coja sino que se estaría causando una grave indefensión respecto a los que se les ha otorgado la condición de investigados al privarles de la posibilidad de que se conozca el origen concreto y exacto de lo sucedido”.

“Es necesario practicar dichas declaraciones en cuanto acreditan que las ayudas fueron expresamente solicitadas por los trabajadores y sus representantes, y que fueron ambas administraciones las que decidieron la forma de tramitarlas, concederlas y los requisitos exigidos a los beneficiarios, máxime cuando en esta pieza como en todas, se imputa a los investigados la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos por la solicitud y concesión de ayudas sociolaborales o a la prejubilación sin seguir el procedimiento administrativo correcto”, concluye.

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