Pablo Iglesias delega en su nº2 la atención a las residencias en plena segunda ola de coronavirus

Con el coronavirus de nuevo disparado, el vicepresidente social, Pablo Iglesias, sigue sin atender al colectivo más vulnerable de la crisis, el de los ancianos. Iglesias, que el pasado 19 de marzo se puso al mando de los servicios sociales en la gestión del Covid, ha esquivado las reuniones con la patronal de residencias desde que estalló la pandemia. También en plena segunda ola.

Pese a las insistentes peticiones para un encuentro directo, el líder de Podemos, según trasladan fuentes del sector, relega ese papel en su número 2, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

A finales de agosto, ya con los contagios en un preocupante aumento, la vicepresidencia de Iglesias convocó una reunión del grupo de trabajo para abordar la situación en las residencias de ancianos. Paradójicamente, no se citó a ningún representante de los centros, que habían reclamado participar por ser ellos quienes conocen de cerca la situación real de la pandemia y las dificultades del nuevo escenario. Tampoco acudió Iglesias.

El dirigente podemita ni siquiera escuchó a las residencias en los momentos más críticos, durante la explosión de la pandemia. Como reveló OKDIARIO, hasta en cinco ocasiones la patronal intentó contactar con Iglesias para trasladarle las preocupaciones del sector, sin éxito. Aquellos encuentros perseguían, por ejemplo, coordinar de urgencia los protocolos en los meses más críticos, o trasladar un plan definido para la desescalada. También se reclamaba que el personal tuviese una atención prioritaria en cuanto a la provisión de material, o que se extendiese la realización de pruebas diagnósticas a todos los usuarios y profesionales. Cuestiones básicas para afrontar una pandemia que se extendía sin control. Iglesias tampoco accedió a una primera toma de contacto con el sector, recién llegado al cargo.

Ahora, ya inmersos en la segunda ola y con las infecciones de nuevo en aumento, la situación se repite. Como reveló recientemente este periódico, en base a la información de los registros civiles españoles (MoMo), hasta 36.505 personas fallecidas hasta agosto por Covid eran dependientes reconocidos o habían solicitado acceder a esa categoría y a sus ayudas. Esa cifra de fallecidos supone exactamente el 66,6% de todas las muertes por coronavirus hasta esa fecha (54.808 personas).

Un indicador de la crítica situación del colectivo que se ha visto más duramente golpeado por el virus.

Plan mínimo

El protocolo elaborado por Iglesias para las residencias, Marco común para la aplicación del “Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19” en el ámbito de los centros sociales residenciales, se formuló para un «escenario de control de la pandemia» dentro de la «nueva normalidad».

En el dossier se admite que «la epidemia ha tenido un impacto especialmente grave en estos centros, en los que hay un contacto estrecho entre personas muy vulnerables», aunque su solución se limita a describir medidas genéricas para «extremar las medidas de prevención, detección y acción frente al virus».

También se destaca la importancia de la «cooperación institucional, el intercambio de información y la concertación de actuaciones desde el respeto a las competencias de las distintas administraciones».

«El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 mantienen un contacto estrecho con las organizaciones empresariales del sector, representantes de sus trabajadores y trabajadoras y organizaciones sociales del sector», se asegura.

El último plan presentado por el Ministerio de Sanidad se limita a presentar un cuadro de niveles de riesgo y las correspondientes medidas que, en el caso de los centros sociosanitarios se reducen a limitar las salidas de residentes o las visitas. En el caso de los centros de día, sólo se propone la suspensión de la actividad en un escenario de riesgo extremo.

Eludiendo las responsabilidades, el Ejecutivo delega toda la presión en las comunidades autónomas, cada una de las cuales, dice, «deberá vigilar con especial atención los indicadores de sus territorios en entornos de especial vulnerabilidad como los sociosanitarios y fortalecer las capacidades de respuesta en la zona afectada, incluyendo protocolos de vigilancia y de atención en estos ámbitos».

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