El entorno de Teresa Rodríguez ha calificado de “barbaridad” jurídica y de “inconstitucional” el acuerdo alcanzado sobre el Pacto Antitransfuguismo en el Congreso y cree que está pensado “ad hoc” para resolver problemas territoriales como el que vive Adelante Andalucía. El desenlace del bloqueo provocado por la expulsión y posterior readmisión de la ex líder morada y siete de sus diputados afines del grupo parlamentario que Rodríguez preside debe finalizar este miércoles en la cuarta reunión de la Mesa de la Cámara consecutiva en la que se trata el asunto.
El órgano que rige al legislativo andaluz, que es una traslación de las mayorías que hay en el Parlamento, debe decidir si la argumentación de Podemos e IU es suficiente para expulsar a Rodríguez o no. Para ello, cuentan con un informe jurídico de los letrados de la Cámara que asegura que la expulsión del grupo no puede ser consecuencia de la expulsión del partido –Podemos– que les dio acceso al escaño en la coalición Adelante Andalucía. El problema para los intereses de Rodríguez es que los informes jurídicos no son vinculantes y será la mayoría de la Mesa quien decida al respecto. PSOEy Vox abogan por expulsar a la política gaditana, mientras que PPy Ciudadanos, que permitieron sacar a Rodríguez del grupo de forma provisional, tienen más dudas.
El sector de Teresa Rodríguez ha expresado su temor a que el Parlamento andaluz aplique en este caso los nuevos contenidos del mencionado pacto Antitransfuguismo, que endurece las medidas para estos casos. El texto refuerza a los partidos el control de los grupos parlamentarios y daría validez a la expulsión de Teresa Rodríguez, pero tendría que aplicarse de forma retroactiva y, además, requeriría una adaptación de los reglamentos de los parlamentos autonómicosNo obstante, el propio texto aprobado en Madrid defiende que debe ser tenido en cuenta mientras que se remodelan las normas de las cámaras regionales.
“Se trata de una barbaridad jurídica pensada para aplicarla en Andalucía, que refuerza el poder de los partidos, que es inconstitucional y una intromisión en el derecho de representatividad”, señalan a Efe fuentes próximas a Teresa Rodríguez. Esgrimen y advierten, además, que “hay jurisprudencia en contra” del acuerdo adoptado en el Pacto Antitransfuguismo y que, por tanto, es “inviable y podría implicar un delito de prevaricación”, por lo que no descartan llevarlo a los tribunales.
Teresa Rodríguez y los siete diputados que quieren expulsar Podemos e IU acusan a estos dos partidos de intentar que “desaparezcan” los representantes de Adelante que no pertenecen a estas formaciones y aseguran que son “ellos los que nos han metido en esta guerra jurídica, política y mediática”, indican estas fuentes, que también apuntan a un trasfondo económico y acusan a Podemos e IU de maniobrar para percibir la subvención completa que recibe el grupo del Parlamento. Son alrededor de 1,6 millones de euros, que se conceden por la consecución de los 17 escaños que logró Adelante en las elecciones de 2018.
En caso de que no sean expulsados, los afines a Rodríguez tienen intención de cesar como portavoz del grupo a Inmaculada Nieto, a quien acusan de “deslealtad” con el grupo, no solo por haber trasladado a la Mesa la petición de expulsión de Podemos sin someterla a votación, también por tomar decisiones de manera “unilateral y sin el apoyo” del grupo.