La Junta de Andalucía ha decidido incrementar el presupuesto de las Tarjeta monedero en 5,5 millones de euros para la adquisición de vienes de primera necesidad para ayudar a afrontar el día a día a las familias más vulnerables por el Covid-19.



Rocío Ruiz, consejera de igualdad, políticas Sociales y Conciliación, ha sido la encargada de anunciar este incremento de dotación para una medida que nació el pasado mes de abril y que contó con un presupuesto inicial de 17 millones de euros. De la mano de Cruz Roja, la Junta y la institución humanitaria han conseguido llegar a más de 53.000 entregas en toda la comunidad de Andalucía.

Cómo funcionan las Tarjeta Monedero

Estas tarjetas que implantó la Junta de Andalucía funcionan de manera muy simple; son recargables y se utilizan para la compra de productos de primera necesidad en supermercados o tiempos próximas: alimentación, higiene y cuidados o limpieza. 

Estas tarjetas cuentan con la atribución de un presupuesto en función de la familia que la solicita y cómo esté conformada ésta. Las familias con más hijos a su cargo, reciben mayor cuantía monetaria pero también se ha prestado ayuda a aquellas que son monoparentales o unifamiliares.

El saldo de dichas tarjetas va desde los 150 a los 250 euros mensuales y de ella se pueden beneficiar las familias que más problemas económicas están teniendo en los meses que está durando la pandemia del coronavirus. Entre este tipo de problemáticas se encuentran: personas en regulación temporal de empleo, ingresos mínimos debido a la crisis o un despido durante la epidemia.

Aquellas familias que estén interesadas en adquirirla, sólo tienen que cumplimentar un formulario en la página web de la Cruz Roja, acudiendo a la sede más o poniéndose en contacto con su Centro de Servicios Sociales Comunitario más cercano. Las autoridades públicas aconsejan hacer todas las gestiones de manera telemática para mantener la distancia y así estar más protegidos del virus.

Por último, las personas deben saber que las Tarjeta Monedero tendrán una vigencia de cuatro meses con la posibilidad de ampliación si la crisis persiste en el tiempo.

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