La Junta confirma su criterio de pedir el archivo de causas de los ERE sin intrusos

La acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía en el caso de los ERE ha confirmado su criterio de solicitar el archivo de aquellas piezas de la macrocausa en las que no se han detectado la presencia de los denominados “intrusos”, personas que fueron incluidas en las pólizas de prejubilaciones a pesar de que nunca habían trabajado para estas empresas. La última ocasión en la que la administración andaluza ha plasmado este criterio ha sido en la pieza en la que se han investigado las ayudas que por importe de 35 millones fueron concedidas a la empresa tabaquera Altadis.

En diciembre pasado, el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana procesó por estas ayudas a ocho personas, entre ellas el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla por las ayudas de 35.400.789,37 euros concedidas entre los años 2004 y 2010 por la Dirección General de Trabajo a la empresa tabaquera Altadis. El magistrado también procesó al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera; al ex director general de la agencia IDEA Antonio Valverde; y a varios miembros de los sindicatos UGT y CCOO, así como al director de Recursos Humanos de Altadis, y al ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín Muñoz.



La Junta considera “beneficiarios legítimos” a los ex trabajadores que se prejubilaron

Tras analizar esta causa, los servicios jurídicos de la Junta –que como acusación particular representa los intereses de los perjudicados por el caso de los ERE– han solicitado el archivo de esta pieza con la misma argumentación que ha empleado en otras ayudas, al entender que “el ilícito penal sólo podría predicarse del procedimiento específico conforme al cual se otorgaron y abonaron las ayudas, y dicha actuación no es imputable a los encausados, habiendo sido objeto de enjuiciamiento en otras actuaciones, siendo así que los responsables han sido excluidos del presente procedimiento”, asegura en relación al juicio de la denominada “pieza política” de los ERE, en el que fueron condenados 19 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Estas mismas consideraciones han sido realizadas recientemente por la Junta en un escrito en el que también ha solicitado el archivo de una ayuda de 705.385,56 euros concedida a la empresa Penínsular del Latón en el año 2007, que benefició a 18 trabajadores. “Dado que los beneficiarios han sido los ex trabajadores de Peninsular del Latón y estas personas no han sido llamadas al presente procedimiento de acuerdo con la doctrina mantenida por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, confirmada por la Sección Séptima de la audiencia de Sevilla y según la cual no es posible llamar al procedimiento en calidad de responsables penales o civiles a quienes, habiendo sido afectados por un ERE, han sido beneficiados legítimos de una póliza, no es procedente traerlos al procedimiento en concepto de responsables civiles directos en su condición de partícipes a título lucrativo”, señalaba entonces el gabinete jurídico de la Junta.

La Administración andaluza ha pedido igualmente el archivo de otras piezas en las que no han aparecido ningún intruso, como las concedidas a la empresa Hytasal, Azucareras Reunidas de Jaén, Autologística de Andalucía, Aeronáutica del Sur, o Fabricantes de Encimeras para Europa.

Lo que el gabinete jurídico estál planteando es algo que la anterior instructora de las macrocausas, la juez María Núñez Bolaños, mantuvo durante su etapa al frente de las macrocausas: que las ayudas sociolaborales a los ex trabajadores estaban precisamente dirigidas a los beneficiarios de las prejubilaciones, no iban dirigidas a las empresas.

Pero a pesar de la postura del gabinete jurídico de la Junta, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular que ejerce el PP–partido que gobierna junto a Ciudadanos– sí que está presentado cargos y solicitando penas de hasta seis años de prisión para las personas procesadas en algunas de estas piezas de los ERE en las que la Junta no aprecia delitos en las personas que han sido finalmente procesadas.

El Gobierno andaluz del PP y Cs sigue pagando más de 33 millones en ayudas

No hay que olvidar que muchas de las ayudas bajo sospecha se siguen pagando en la actualidad, en virtud del decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias y agentes en materia de protección sociolaboral a ex trabajadores y ex trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis.

De hecho, el Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha financiado entre los años 2019 y 2020 primas de pólizas de los ERE por un importe de más de 33 millones y de las que se están beneficiando 804 trabajadores.Durante los años en los que abonaron estas ayudas fueron más de 6.000 los trabajadores que se beneficiaron de las mismas, niguno de los cuales ha sido traído a la macrocausa para reclamarles el reintegro de las cantidades cobradas mediante un procedimiento considerado ilegal.

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