La infancia como prioridad fundamental

A María la abandonaron cuando tenía 3 años, se crió con tíos, con vecinos… hasta que llegó a un centro de acogida. Un día en clase se me acercó y me dijo: “Ya tengo 14 años y no me va a querer nadie”. Solo soñaba con una familia.

Manuel era un chico introvertido, hablaba muy poco y tenía graves problemas de aprendizaje, pero le encantaba la tecnología. Estuvo encerrado atado a una cama hasta los 4 años. Habló a los 6 años, anduvo a los 7. Ahora tiene una familia de acogida y esperan adoptarlo. Jalila llegó a mi clase con la mirada perdida y mucho miedo. No podía ni rozarla, sufrió abusos desde muy pequeña. Ya se recupera y sólo quiere sentirse segura.



Eran mis alumnos, sólo algunos de entre cientos de niños y niñas que durante 30 años de docencia he conocido. Por ellos y por los más de 1,6 millones de menores andaluces la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía que esta semana ha iniciado su trámite parlamentario es importarte, es necesaria. Es una ley que va a cambiar el futuro de quienes son más vulnerables.

Andalucía tiene una población cercana a los 1,6 millones de chicos y chicas. De esta población, 366.437 niños se encuentran en riesgo de pobreza. Unas cifras alarmantes que se han hecho estructurales en los últimos años y que la grave crisis sanitaria que vivimos ha venido a empeorar.

Esta ley atiende a las nuevas necesidades surgidas en los casi 23 años de vigencia con los que cuenta la Ley 1/1998, de los derechos y la atención al menor. Una norma que mira al futuro. Una ley con los pies en el suelo, que responde a la sociedad actual, que mira por los intereses de todos sin exclusiones, sin mirar nada que no sean las necesidades de nuestra infancia en pleno siglo XXI y ante la que sólo pueden ponerse enfrente quienes desconocen qué necesitan, piensan y quieren nuestros niños y adolescentes.

Una ley muy consensuada y compartida por decenas de entidades que trabajan con la infancia, con los equipos de tratamiento familiar y con expertos de todos los ámbitos cuya implicación y participación ha sido clave y debamos agradecer.

En estas dos décadas han surgido realidades impensables en los años 90 y a las que nos adaptamos ahora. Tomamos por primera vez medidas para fomentar el uso responsable de internet y avanzar en la alfabetización digital, garantizar la protección del derecho a la imagen o prevenir los riesgos de adicción. Las redes sociales, la pornografía en la red (ciberbullying) exigen una respuesta contundente. Como novedad, la ley incorpora medidas clave en la regulación en materia de protección, fija los tiempos máximos que los menores podrán estar en los centros residenciales y da prioridad siempre al acogimiento familiar para evitar que menores de siete años permanezcan en centros residenciales. Además se agilizan los trámites de adopción. Y todo ello, desde el reconocimiento de la familia como institución fundamental para el desarrollo de la persona.

Este proyecto de ley cuenta con una memoria económica para el año 2021 de más de 2.500 millones de euros. Fondos que implican al conjunto de Consejerías de la Junta de Andalucía ya que la ley establece por primera vez que los Presupuestos del Gobierno andaluz deberán llevar un informe de impacto sobre la infancia de cada medida que se tome.

Con esta ley convertiremos Andalucía en lugar de referencia en la protección de los derechos de la infancia y en la promoción de nuestros niños y niñas.

Por María, por Manuel y Jalila. Por ellos y por todos los niños y niñas andaluces a los que no pudimos llegar a tiempo.

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