La comisión de la Faffe resucita al ritmo del calendario político

La comisión sobre la Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo) comenzó su andadura como la investigación parlamentaria más lenta de la década pasada. Era uno de los compromisos adquiridos por el PP y Ciudadanos en su pacto de Gobierno, por lo que comenzó a funcionar en los primeros compases de la legislatura, pero empezó a funcionar al ralentí. Luego se aceleró para después volver a pararse. Y, cuando ya se ha sobrepasado con holgura la mitad del mandato, el organismo se adentra en un segundo turno de comparecientes que devuelve a la arena política esta investigación sobre la posible corrupción en la extinta entidad asociada a la Consejería de Empleo.

La comisión nació con ese carácter político. De hecho, lo hizo dos veces, ya que hubo un primer intentó que naufragó con el final abrupto de la pasada legislatura. Entonces, el PSOE aceptó su tramitación a regañadientes, ya que los partidos a su izquierda se aliaron con PP y Ciudadanos para poner en marcha una primera investigación sobre la Faffe que se cerró sin comparecencias por el adelanto electoral de 2018. Populares y naranjas la retomaron, ya con la nueva mayoría en la Cámara autonómica, pero pasaron más de seis meses desde su constitución –marzo de 2019– a la celebración de las primeras comparecencias –noviembre de 2019–.



Fue entonces cuando esta comisión de investigación se convirtió en motivo de polémica, ya que PP, Ciudadanos y Vox decidieron ordenar las comparecencias con un criterio distinto al seguido en las dos investigaciones en materia que corrupción que se celebraron anteriormente, la de los ERE y la de los cursos de formación. En el caso de la Faffe, los primeros en comparecer fueron los máximos responsables políticos de la época en la que están datadas las supuestas irregularidades y en los años posteriores.

Como muestra, la primera jornada llevó al Parlamento andaluz al ex presidente de la Junta Manuel Chaves cuando faltaban 72 horas para las elecciones generales que se celebraron el 10 de noviembre de 2019. El ex jefe del Ejecutivo autonómico llegó a calificar de “acto electoral” su comparecencia, que se cerró con su salida del Parlamento tras un bronco rifirrafe con el presidente de la comisión, el diputado de Ciudadanos Enrique Moreno. También estaban llamados a declarar en aquella ronda varios ex consejeros de Empleo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los ex presidentes José Antonio Griñán y Susana Díaz.

La negativa de Montero a acudir –aludió a su posición como ministra y esgrimió jurisprudencia previa– y la ausencia de Griñán y Díaz, que no recibieron correctamente la notificación, soliviantaron a PP, Cs y Vox. Por esa razón han vuelto a incluirlos en esta reedición de la primera lista de comparecientes que, además incluye a la esposa de Juan Espadas, Carmen Ibanco, que fue trabajadora de la Faffe. De esta manera la comisión de la Faffe entra de lleno en la precampaña de las primarias del PSOE como ya sobrevoló la campaña de las generales de 2019.El propio regidor sevillano calificó ayer de “inaceptable” la petición sobre su mujer e instó a la mayoría del Parlamento a que “reflexionen sobre si es o no procedente y si significa que es importante para la investigación”.

Lo llamativo es que esta comisión de investigación, desde su nacimiento tiende a comportarse como la pandemia de Covid con la que convive desde hace un año. Tiene momentos pico, como las mencionadas citaciones, y momentos valle. Un ejemplo es que, después de las polémicas declaraciones y ausencias de dirigentes y ex dirigentes socialistas y el dueño del prostíbulo donde se produjeron los gastos con tarjetas con dinero público, las comparecencias comenzaron a espaciarse. Inicialmente, se programaban dos jornadas de comparecencias a la semana con cuatro personas por cada sesión.

Al poco tiempo de finalizar las declaraciones de los ex dirigentes socialistas, el ritmo bajó a una sesión cada dos semanas con sólo dos llamamientos, lo que ha alargado el primer turno de declaraciones hasta hace unas pocas semanas. Según fuentes parlamentarias, no está prevista ahora una modificación que vuelva a acelerar los ritmos, por lo que la nueva lista con 22 personas podrá alargarse durante más de cinco meses si el plan de la comisión no se modifica.

Estas mismas fuentes indican que sí es posible algún cambio en el tiempo que cada declarante tiene para hacer su exposición y someterse a las preguntas de los diputados, que hasta ahora era de tres horas. Esto responde a la gran cantidad de citados que optan por no dar explicaciones aludiendo a su posible implicación en la causa relacionada con la Faffe que está en los juzgados de Sevilla. Según el portavoz del PP, José Antonio Nieto, sólo “un tercio” de los comparecientes han respondido a las preguntas de los diputados. Los populares tenían intención de modificar el reglamento de la Cámara para que sea más difícil eludir las declaraciones en este tipo de organismos, pero no se ha puesto en marcha pese a que el Parlamento está en pleno proceso de remodelación de las normas que lo rigen. 

Por su parte el PSOE calificó esta iniciativa como una “cacería política” de los partidos que tienen la mayoría en la Cámara y ha recordado que Susana Díaz, a la que la comisión ha vuelto a llamar, se convirtió en presidenta de la Junta un año después del cierre de la Faffe. Según el portavoz socialista, José Fiscal, la líder de su partido “sabe tanto como Juanma Moreno”, a quien pretendían incluir en el listado, sin éxito. Guzmán Ahumada, de Adelante Andalucía, explicó que su partido había propuesto un listado “técnico” que fue rechazado y, aunque no rechaza la comparecencia de Díaz, criticó que la comisión “se convierta en un espectáculo permanente al servicio de unos intereses partidistas”. El diputado izquierdista sugirió que se trata de un intento del PP de tapar casos como el de la operación Kitchen.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: