La acusación popular que ejerce Rubén Sánchez, secretario general de la Facua, en la causa abierta al ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano, que está siendo investigado por presunto fraude de subvenciones de 2,5 millones de euros del Ministerio de Industria para construir una fábrica de pellets en Niebla, ha solicitado al juez que impute a la mujer y a la hija de Serrano por un posible alzamiento de bienes.

Rubén Sánchez ha realizado esta petición a raíz de la publicación del expediente de embargo de la Agencia Tributaria a Francisco Serrano, al que la Agencia Tributaria reclama la devolución de más de 848.000 euros de la ayuda. El ex líder de Vox procedió el 27 de marzo de 2017 a la liquidación de la comunidad conyugal y de cualquier régimen económico matrimonial, y en consecuencia los bienes inmuebles titularidad del matrimonio pasaron a ser propiedad de su esposa. Además, el 8 de octubre de 2018 transfirió a su hija un vehículo Mercedes 220 que hasta esa fecha había estado matriculado a nombre de Serrano.



El abogado Francisco Tejado Vaca, que ejerce la acusación popular en representación de Rubén Sánchez, ha pedido al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla que cite a declarar en calidad de investigadas a los familiares de Serrano, por cuanto estos actos de presunto desapoderamiento de los bienes podrían ser presuntamente constitutivos de un delito de insolvencia punible, por lo que ha solicitado que se amplíe también la querella contra el propio Serrano por este delito.

Según la acusación, este presunto alzamiento de bienes vendría a acreditar la posible comisión de los hechos objeto de que querella del Ministerio Fiscal y mediante los que se hubiera podido pretender vaciar su patrimonio ante posibles responsabilidades derivadas de los hechos que están siendo investigados en esta causa le pudieren afectar.

Por todo ello, ha solicitado al juzgado que requiera al ex parlamentario andaluz de Vox para que aporte los documentos donde se recojan tanto la liquidación de la comunidad conyugal y de cualquier régimen económico matrimonial que hasta el 27 de marzo de 2017 mantuvo con su esposa, así como los de la transmisión de los bienes inmuebles a su cónyuge y el vehículo Mercedes a su hija.

En septiembre de 2020, la delegación de la Agencia Tributaria en Andalucía acordó como medida cautelar el embargo preventivo y limitado a 1.017.748,33 euros (los 848.123,61 euros en los que se ha calculador su presunta responsabilidad solidaria por la no devolución de la ayuda de 2,5 millones más otros 169.624,72 euros de recargo de apremio), para lo cual se han trabado embargos sobre dos cuentas bancarias de Serrano, así como sobre el 50 % de una finca en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y de otra vivienda en Sevilla y sus 5.344 participaciones, el 89,07% del capital, de su despacho profesional de abogados.

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