A 14 días del cierre oficial del plazo de presentación de ofertas al concurso para la construcción de la marina deportiva de San Andrés, el Puerto de Málaga da por seguro que habría al menos dos grupos empresariales que pugnarán por hacerse con el contrato. Así lo apuntó a este periódico el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, quien confirmó la existencia de dos firmas que realizado el último trámite previo a la formalización de la propuesta.
“Ofertas va a haber porque hay al menos dos grupos que han pedido el certificado de estar al corriente, que es el último paso antes de formalizar la propuesta”, expuso Rubio, quien habló incluso del interés generado entre otras muchas compañías. De hecho, admitió que en los últimos meses son ocho las que han llegado a interesarse de manera clara por la intervención, si bien algunas de ellas ya comunicaron su decisión de no concurrir por razones diversas.
Para Rubio, es importante que exista competencia empresarial en el concurso de esta infraestructura, una de las grandes apuestas del Puerto en las últimas décadas. Cabe recordar que hubo un primer intento de materializar esta marina, llegándose incluso a adjudicar las obras a una alianza integrada por Marinas del Mediterráneo y GEA 21. Sin embargo, los problemas económicos de las empresas paró en seco el proyecto y obligó al Puerto a tener que recuperar la concesión sobre el espacio.
Desde ese momento pasan ya más de siete años. Ahora, favorecido además por la posibilidad de ofrecer un periodo de explotación de 50 años (frente a los 35 del concurso anterior), las opciones de que el proyecto salga adelante son mayores. Si bien por el momento se ignora la identidad de las empresas que forman parte de los grupos dispuestos a ir adelante con la actuación, en el Puerto se maneja la información de que se trata de “primeros espadas”.
Sobre ello, Rubio dijo tener “la absoluta certeza de que van a ser ofertas sólidas, solventes, no van a ser oportunistas, ni mucho menos”, siguiendo la línea de lo que ya sucedido con otros concursos anteriores como los de la concesión para la constricción de atraques para megayates, que recayó en una alianza capitaneada por Igy Marinas, y la rehabilitación de la Casa de Botes como restaurante, proyecto impulsado por Grupo Trocadero.
El esquema contemplado por el Puerto sigue una línea muy semejante a cuando por vez primera salió al mercado en la búsqueda de un socio privado. En concreto, tal y como queda recogido en el pliego de condiciones del concurso, el futuro puerto deportivo tendrá capacidad para al menos 503 embarcaciones, de las cuales 350 tendrían hasta 12 metros de eslora, 150 entre 12 y 30 metros y dos serían mayores de 30 metros (se precisa que deberán permitir hasta 50 metros de eslora).
Una de las particularidades es que el concesionario estará obligado a garantizar unos porcentajes de ocupación mínima de la marina. En este sentido, se precisa que el porcentaje mínimo de ocupación en los tres primeros ejercicios de la explotación es del 30%; será del 60% entre el cuarto y el sexto año, ampliándose el parámetro al 90% de ocupación desde el séptimo año en adelante. Para garantizarse estos valores, el Puerto incluye unas penalizaciones económicas que se impondrán al concesionario. Y ello a razón de 1.000 euros por cada embarcación de hasta 12 metros; de 2.500 por las de entre 12 y 30 metros, y de 5.000 euros por las de más de 30 metros.
A cambio de la construcción y explotación, el futuro promotor tendrá derecho de concesión sobre una superficie de lámina de agua en la margen derecha de la desembocadura del río Guadalmedina de 93.938 metros cuadrados, así como una superficie de tierra en la explanada de San Andrés de 20.358 metros. Entre las condiciones impuestas en el proyecto está la de tener que construir al menos 300 plazas de aparcamiento en superficie, la edificación de un complejo náutico (club náutico, escuela de vela, otras enseñanzas náuticas, restauración, pequeño comercio y actividades sociales) de 2.200 metros cuadrados, con una altura máxima de8 metros (PB+1).
Asimismo, tiene que desarrollar locales comerciales (restauración, comercio especializado en sector náutico, pequeño comercio auxiliar) de 3.000 metros cuadrados, prohibiéndose el uso de discoteca o negocios similares. Para tratar de hacer más atractiva la baja edificabilidad asignada al proyecto, el Puerto introdujo una pequeña modificación con el objetivo de ampliar los espacios de terraza de los que dispondrán estos negocios.
Otro de los elementos a incluir es un edificio de capitanía del puerto y torre de control (PB+2 más torre de control según necesidades del proyecto), con unos 200 metros. El futuro puerto también incluirá naves y talleres para la zona de varada con una superficie de operaciones no inferior a los 10.000 metros cuadrado.