El precursor Planas da su respaldo a Espadas

Luis Planas es un político poco común. Si se queda sin cargo o no le agrada, vuelve a sus labores anteriores. Antes de que Pedro Sánchez le llamase para ocupar la cartera de Agricultura en el Gobierno, Planas tenía despacho en Bruselas; por concurso se ganó un puesto de alto funcionario en el Consejo Económico y Social de la UE. Había sido consejero de la Junta de Andalucía hasta en tres ocasiones, pero ese tramo de su carrera política acabó cuando, tras la dimisión de José Antonio Griñán como presidente en 2013, intentó competir con Susana Díaz en unas elecciones primarias para ser candidato a la Presidencia andaluza. No pudo.

Planas es valenciano de nacimiento, y cordobés de residencia y de adopción. Llegó allí en julio de 1980 después de aprobar las oposiciones como inspector de Trabajo, y junto a la Judería ha mantenido su casa, aunque ha vivido largos períodos en el extranjero, porque fue embajador de España en Marruecos y ante la Unión Europea. 



El ministro visitó este miércoles a quien será, ahora, el competidor de Susana Díaz: Juan Espadas, alcalde de Sevilla. Aunque Díaz se vanagloria de que ya ha ganado unas primarias, las de Planas, lo cierto es que no hubo urnas porque su contrincante no logró reunir los avales necesarios para ello. Era preciso conseguir el 15% de las firmas de los militantes andaluces en un plazo muy corto y sin acceso al censo, así que lo de Planas se quedó en un intento ante la fortaleza orgánica de Susana Díaz. Felipe González iba a apoyarle, pero las casas del pueblo se las encontró cerradas.

El PSOE modificó sus estatutos en el último congreso federal, y ahora sólo es necesario recoger el 5% de las firmas para ser candidato. Además, ninguno de los aspirantes puede acaparar las rúbricas, que es lo que solían hacer quienes controlaban los aparatos. Ahora hay algún crítico que sostiene, con sorna, pero en serio, que será Susana Díaz quien tenga los problemas para conseguir los avales.  

Luis Planas asistió este jueves en Sevilla al congreso de la UPA, una de las tres grandes organizaciones agrarias que hay en el país, junto a Asaja y Coag. El ministro de Agricultura tiene a las organizaciones en contra de su postura ante la reforma de la Política Agraria Común (PAC). La PAC es ese régimen de ayudas al campo europeo que, cada vez que se negocia su reforma, se cierne como el apocalipsis sobre el agro andaluz, se anuncia el ocaso final y la destrucción de la rica Bética, aunque llevamos algo más de tres décadas sin que el cielo se haya caído sobre nuestros hombros. Bruselas deja en Andalucía de 1.700 a 1.800 millones de euros al año en forma de ayudas a las explotaciones, una cantidad que supera al fondo Covid que recibió la Junta en 2020. 

Pero cada nueva PAC, y éstas llegan cada siete años, es el final, y esta vez no iba a ser menos, aunque en esta ocasión Planas tiene en su contra a todas las organizaciones y a la consejería de Agricultura de la Junta. El sector agrario es tan complejo como sus ayudas, cada provincia mira por intereses diferentes y cada organización defiende a un tipo concreto de agricultores, de ahí que sea tan difícil concitar la unanimidad tanto a favor como en contra.

Luis Planas es un socialista moderado, pero “persistente”, un tipo muy parecido a Juan Espadas. No lo van a encontrar con el bidón de gasolina en la mano. El problema de esta reforma de la PAC, la que comenzaría a partir de 2023, es antiguo, viene de lejos, pero es ahora cuando la Comisión Europea y el Ministerio de Agricultura quieren solventar una molestia duradera. En España, el 20% de los perceptores de las ayudas cobran el 73% de éstas, y Bruselas ha ordenado que haya una convergencia real entre los perceptores y que vayan desapareciendo eso que se llaman los derechos históricos de cultivo. La propuesta de Planas es que haya un tope máximo de 100.000 euros de subvención por explotación, y que con el resto se financie una cantidad mínima y aceptable para las primeras hectáreas de quienes tienen fincas muy pequeñas.

Para algunas organizaciones andaluzas, esta redistribución, que es una asignatura pendiente de España desde hace décadas, era poco más que una reforma agraria conseguida a base de incautaciones de fincas. La redistribución afecta, de modo especial, a Andalucía, y dentro de Andalucía, a las provincias occidentales, porque son las que mayores explotaciones tiene de todo el país.

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