El debate sobre la política fiscal que abrió hace ya casi un mes Gabriel Rufián volverá a tener eco en Andalucía esta semana. El portavoz de ERC desató la tormenta al anunciar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado y asociarlo a una revisión de la política tributaria estatal. El político catalán llegó a decir que el objetivo era acabar con el “paraíso fiscal” que, en su opinión, ha creado el PP en Madrid. El exabrupto del dirigente indepententista levantó una ola de indignación que se dejó notar el el Gobierno andaluz y esta semana, en el último Pleno ordinario de 2020, el PP defenderá una proposición no de ley para pedir al Parlamento una defensa de la autonomía fiscal de Andalucía, así como el rechazo a las “negociaciones bilaterales” y a las “concesiones” del Gobierno central a ERC y EH Bildu.
La iniciativa reclama al Ejecutivo andaluz que pida al Gobierno central que renuncie a cualquier subida de impuestos, para beneficiar la dinamización económica y la creación de empleo. Se trata de uno de los dogmas del equipo de Juanma Moreno, cuya política económica defiende que la bajada fiscal propicia un clima de aumento de la actividad que acaba resultando en una mayor recaudación en otras figuras impositivas, como el IRPF. Esta idea, rechazada por economistas del Observatorio Económico de Andalucía en los términos que defiende el Gobierno andaluz, fue una de las banderas de Moreno en el debate del estado de la comunidad o en el segundo aniversario de las elecciones autonómicas de 2018.
La proposición pide el apoyo a la Cámara a todas las actuaciones de la Junta en materia fiscal, con el objetivo de reducir la presión tributaria en la comunidad. La redacción de la iniciativa señala aquí la bajada del tramo autonómico del IRPF, la bonificación al 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones, la bajada en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales, o las bonificaciones fiscales para familias numerosas.
El texto también insta a la Junta a mantener la defensa de los principios de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas recogidos en la Constitución, en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y en el Estatuto de Autonomía. También se pide al Gobierno que demande al Ejecutivo nacional que, al amparo del principio de lealtad institucional, se analice y debata en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades las nuevas figuras impositivas que se plantean desde el Ministerio de Hacienda y se consensue de manera multilateral la coordinación de la regulación de los impuestos ecológicos.
La iniciativa es también muy crítica con la ministra de Hacienda María Jesús Montero, ya que pide al Parlamento que “repruebe la política recentralizadora” de la ex consejera de Hacienda así como “su falta de predisposición a reformar el lesivo” modelo de financiación autonómica actualmente vigente. Se insta a la Junta, en este sentido, a seguir en la reclamación de una financiación justa y digna para los andaluces. Esto es justo lo que se reclamaba en el acuerdo de financiación que se aprobó en el Parlamento en 2017 auspiciado precisamente por Montero con el aval de Podemos e IU y la participación, contra pronóstico, del PP andaluz. Los populares recogen los frutos de aquel voto,que entonces iba contra un Gobierno central controlado por su partido, el presidido por Mariano Rajoy.
La iniciativa impulsada por los populares en la Cámara tiene también una vertiente netamente política y pide respaldo para las declaraciones del ex presidente del Gobierno Felipe González para erosionar al PSOE. El texto hace mención a una frase del ex líder socialista, que dijo que “ni ERC ni Bildu están interesados en un proyecto que fortalezca a España como espacio público compartido”, que “no son interlocutores válidos” y que “representan el intento de romper la cohesión y la solidaridad entre españoles”.