El PP lleva al Congreso su ‘plan B’ jurídico para evitar un nuevo estado de alarma por el Covid

Mientras la Comunidad de Madrid no para en mejorar sus datos frente al coronavirus, llevándose la felicitación de los medios internacionales que hablan de «milagro», otras comunidades como Asturias registran unas cifras muy preocupantes. Las últimas que conocemos del fin de semana son muy malas: las autonomías han notificado al Ministerio de Sanidad 38.273 nuevos casos de COVID-19 durante el fin de semana y 484 nuevos fallecimientos. La nota positiva la encontramos en la vacuna: Moderna ha presentado ya la suya con un 94,5% de eficacia.

El PP lleva hoy al Congreso su ‘plan B’ jurídico para evitar en el futuro un nuevo estado de alarma por el Covid

El Grupo Popular defenderá este martes al Pleno del Congreso su proposición de Ley Orgánica de Protección de la Salud y de los Derechos y Libertades fundamentales que articula un ‘plan B’ jurídico –en palabras del partido de Pablo Casado– a través de la legislación ordinaria para evitar tener que recurrir en el futuro a la medida excepcional del estado de alarma si persiste la pandemia.

El líder del PP, Pablo Casado, lleva meses defendiendo este plan jurídico como medida alternativa al estado de alarma para dar seguridad y certidumbre a las comunidades autónomas y cree que podría estar aprobado en un par de meses. «Espero que sea apoyado por el Partido Socialista, tal y como se comprometieron el propio presidente, la vicepresidenta y el ministro de Justicia», dijo la pasada semana ante el Comité Ejecutivo de su partido.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ya ha empezado a contactar con algunos grupos parlamentarios para recabar apoyos y confía en que el PSOE al menos no impida la tramitación de la iniciativa. Sin embargo, tanto el PSOE como Unidas Podemos han preferido no adelantar el sentido de su voto.

En el texto, que aparece firmado por la anterior portavoz del partido, Cayetana Álvarez de Toledo, el PP asegura que al recurrir a la «excepcionalidad máxima» que recoge el artículo 116 de la Constitución, el Gobierno «confinó a los españoles y recortó sus derechos básicos de los ciudadanos, como los de libre circulación, reunión, libertad de establecimiento, libertad de culto y otros».

El PP subraya que es momento de abandonar «el camino de la excepción» del estado de alarma –prorrogado hasta seis veces– y preparar una respuesta jurídica que permita la protección conjunta de los derechos y libertades de los ciudadanos, «sin menoscabo de que el Estado también se encargue de velar por su salud», máxime cuando no ha terminado la crisis sanitaria, no se ha vencido al virus, ni se ha encontrado aún vacuna.

«Ante estos riesgos, inminentes o futuros, es imprescindible dotarnos de un instrumento jurídico a la mayor brevedad, que permita, desde la seguridad jurídica, la normalidad institucional, y la vigencia normativa, afrontar este tipo de situaciones sin que impliquen ni renuncias a los derechos constitucionales, ni negociaciones políticas que distorsionen el fin único en estas situaciones», asegura el PP en su proposición.

El PP propone en su iniciativa modificar el artículo tercero de la la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, de forma que la autoridad sanitaria podrá, para controlar las enfermedades transmisibles, realizar las acciones preventivas generales y adoptar medidas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato.

Esas medidas, según prosigue, incluirán «el sometimiento obligado de las personas sospechosas a observación de salud pública; sometimiento a cuarentena o aplicar otras medidas sanitarias para las personas sospechosas; sometimiento a aislamiento y a tratamiento, cuando proceda, a las personas afectadas, así como la localización de quienes hayan estado en contacto con personas sospechosas o afectadas».

Además, la autoridad sanitaria podrá «controlar o limitar la entradas y salidas de la zona afectada o amenazada y controlar o
limitar el movimiento dentro de dicha zona, lo cual podrá afectar al derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas, así como a derecho de reunión que podrá estar condicionado en su ejercicio tanto en lugares determinados, como en el número de personas». Según añade, todas las medidas «se tomarán conforme a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad».

En la misma iniciativa, el PP plantea la reforma de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para que los juzgados de lo contencioso-administrativo autoricen o ratifiquen las medidas que las autoridades sanitarias consideren «urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación de la libertad o de otro derecho fundamental».

Según el PP, resulta «razonable la exigencia de ratificación judicial del acto administrativo en los casos de privación de libertad o tratamiento médico forzoso (normas de cuarentena o procedimiento médico involuntario)». Sin embargo, cree que la restricción «sería posible realizarla por medio de un acto gubernativo que ponderase las circunstancias de proporcionalidad, idoneidad y necesidad, sin perjuicio su ulterior control judicial».

Bruselas aprueba un adelanto de 16,8 millones de fondos europeos a España para combatir la pandemia

La comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo ha aprobado este lunes una propuesta para liberar un total de 823 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la UE, que incluye un adelanto de 16,8 millones de fondos europeos a España para combatir la pandemia de la Covid-19.

Del montante total aprobado, siete países –España, Alemania, Irlanda, Grecia, Croacia, Hungría y Portugal– recibirán adelantos por valor conjunto de 132,7 millones de euros en respuesta a la grave emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 a principios de 2020.

Estos siete países habían solicitado adelantos y el montante recibido representa, en principio, el 25% de la contribución total. En concreto, España recibirá 16.844.420 euros de manera anticipada de una ayuda total de 67,38 millones de euros.

Además, Croacia percibirá 683,7 millones para paliar los daños del terremoto que afectó a la capital y sus alrededores en marzo de 2020, concepto por el que ya se liberó un primer pago en agosto.

Igualmente, se destinarán más de 7 millones para ayudar a Polonia con la reconstrucción de tras las inundaciones en la provincia de Podkarpackie Voivodeship de junio pasado.

El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) se creó para intervenir en caso de catástrofes naturales graves y aportar la solidaridad europea a las regiones siniestradas de Europa. En el marco de la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus (CRII), en 2020 se amplió el alcance del mismo para ayudar a los países en la lucha contra la emergencia sanitaria.

En total, 19 países de la UE (Austria, Bélgica, Croacia, Chequia, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y España) y tres países en vías de adhesión (Albania, Montenegro y Serbia) han solicitado asistencia para hacer frente a la crisis del COVID-19.

Simón ve inconvenientes en realizar test de antígenos de COVID-19 en las farmacias

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha advertido de los inconvenientes que puede producir realizar test de antígenos de COVID-19 en las farmacias, tal y como ha planteado este lunes la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés.

La responsable catalana ha anunciado que está trabajando con la red de farmacias catalana para que puedan realizar también los test de antígenos de diagnóstico de coronavirus. Vergés ha matizado, no obstante, que necesitan de la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad.

El coordinador de la unidad de seguimiento de COVID-19 en Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha argumentado que tienen que garantizar que las personas que realizan las pruebas están protegidos, que los espacios son correctos para su realización y que se asegura la privacidad de los pacientes. Así, ha avanzado que elaborarán un documento marco para determinar todas esta condiciones que cercioren que los test de antígenos se realizarán y se interpretarán «con todas la garantías» epidemiológicas y de seguridad.

En rueda de prensa este lunes, Fernando Simón ha señalado las «connotaciones» que tendría la aplicación en farmacias de estas pruebas. «Estos test requieren de una muestra que, para garantizar su calidad, no las puede hacer cualquiera», ha recordado en primer término el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad.

Según Simón, su realización implica «problemas», por ejemplo, de cuestiones competenciales a la hora de toma de muestras y lectura del resultado, junto a la cuestión de quién podría acudir o no a la farmacia para realizarse el test. Así, ha advertido de la situación de personas que ya tienen síntomas, que no deberían salir de su domicilio para evitar contagiar a otros.

«No podemos pensar que una persona con síntomas se vaya a una farmacia y se haga la prueba. Las farmacias deberían tener un circuito COVID. Tienen el riesgo de que su propio personal se pueda infectar y perder a sus trabajadores. Hay muchos componentes… Tenemos que ser conscientes de los riesgos asociados», ha comentado.

En este sentido, se ha remitido a los expertos para juzgar, en última instancia, si todos estos riesgos asociados y otros podrían ser salvables con algún tipo de protocolo. «Si no se pueden solucionar no se pueden solucionar. Se tendrán que valorar correctamente por los expertos», ha concluido.

Sanidad notifica 38.273 nuevos casos y 484 muertes más

Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 38.273 nuevos casos de COVID-19 durante el fin de semana, 3.321 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Esto supone una cifra muy inferior con respecto a los 52.386 del fin de semana anterior.

La cifra global de contagios en España se eleva ya a 1.496.864 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 470, frente a 498 el viernes y 529 el lunes pasado, con un total de 221.147 positivos en las pasadas dos semanas.

De los 3.321 positivos diagnosticados ayer, 303 se han producido en Andalucía, 266 en Aragón, 236 en Asturias, 63 en Baleares, 59 en Canarias, 130 en Cantabria, 31 en Castilla-La Mancha, cinco en Castilla y León, 359 en Cataluña, siete en Ceuta, 41 en Comunidad Valenciana, 106 en Extremadura, 501 en Galicia, 247 en Galicia, 15 en Melilla, 37 en Mrucia, 142 en Navarra, 713 en País Vasco y 60 en La Rioja.

En el informe de este lunes se han añadido 484 nuevos fallecimientos, en comparación con los 308 del viernes y 512 del lunes pasado. En la última semana han fallecido 1.082 personas con diagnóstico de COVID-19 positivo confirmado en España. Hasta 41.253 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio.

Así se distribuyen las 1.082 muertes por COVID-19 en la última semana en España: 187 en Andalucía, 162 en Aragón, 133 en Asturias, siete en Baleares, siete en Canarias, 15 en Cantabria, 55 en Castilla-La Mancha, 134 en Castilla y León, 26 en Cataluña, siete en Ceuta, 66 en Comunidad Valenciana, 42 en Extremadura, 74 en Galicia, 55 en Madrid, cuatro en Melilla, 40 en Murcia, 32 en Navarra, 16 en País Vasco y 20 en La Rioja.

Actualmente, hay 20.452 pacientes ingresados por COVID-19 en toda España (20.296 el viernes) y 3.156 en UCI (3.125 ayer). En las últimas 24 horas, se han producido 1.520 ingresos (2.117 el viernes) y 790 altas (2.241 el viernes). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa ya en el 16,54 por ciento (16,15% el viernes) y en las UCI en el 32,80 por ciento (31,75% el viernes).

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