El PP andaluz maniobra para que no se celebre el congreso provincial de Sevilla

Tensión máxima en el PP de Sevilla. El PP andaluz baraja un último recurso para que no haya congreso e impedir que Virginia Pérez siga como presidenta. Los afines a Juan Ávila, alcalde de Carmona y aspirante a la presidencia del PP de Sevilla impulsado por el aparato regional, preparan una maniobra insólita para suspender de forma cautelar la celebración del congreso extraordinario del partido, que este sábado debe elegir a los compromisarios. Génova, por su parte, está tratando de que la cosa no vaya a más y se pueda celebrar el congreso con total normalidad. 

Esta tarde se reúne el Comité regional de Derechos y Garantías del PP que debe estudiar la denuncia presentada contra la Junta Directiva Provincial que convocó el congreso. Miembros de la candidatura de Ávila pretenden que el comité actúe y el asunto llegue al juzgado de guardia, para que sea el poder judicial el que tome la medida de optar por una suspensión cautelar, lo cual dejaría al partido empantanado pero,al menos, no se correría el riesgo de que el presidente de la Junta saliera derrotado en un congreso provincial.



Para comprender las tensiones que se viven en el PP de Sevilla conviene recordar que Ávila es el candidato impulsado por el propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y su principal consejero, Elías Bendodo. Al no tener nada claro el resultado, pues la actual presidenta arrasó en la recogida de avales (un 82% del total), la maquinaria regional del PP andaluz está volcada en tratar de frenar el congreso para ganar tiempo e impedir que Virginia Pérez, apoyada por Génova, cuatro ex presidentes provinciales y el ex alcalde Zoido, siga en la presidencia del partido. 

El PP nacional ya ha tenido que frenar el pago masivo de cuotas de militantes morosos a cargo de afines a Juan Ávila. La asesoría jurídica de Génova se ha hecho con los ordenantes de los pagos después de anunciar a la entidad bancaria que si no le era facilitada la información recurriría a la Fiscalía, pues el partido no puede consentir ingresos masivos sin conocimiento de los propios militantes y que son pagos que, además, están sujetos a deducciones fiscales. 

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