El Partido Socialista de Ronda denuncia a la Fiscalia la nueva estación municipal de autobuses con la intención de paralizar el proyeecto

La portavoz y secretaria local de los socialistas rondeños ha ofrecido esta tarde una rueda de prensa en la que ha reconocido públicamente que ha sido su formación política -no unos particules “en calidad de vecino afectado” como se dice en el escrito- que ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Málaga en la que acusa al gobierno municipal formado por PP y APR de haber cometido una presunta ilegalidad urbanística.

En este sentido, Aguilera ha indicado a la alcaldesa que debe tomar cartas en el asunto para que esta situación no perjudique a la ciudad al considerar que los terrenos donde se ha ubicado la estación de autobuses tienen un uso educativo y deportivo y no contempla este tipo de actuaciones. El PSOE se ha basado para presentar esta denuncia en dos informes del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga que ellos mismos solicitaron a este organismo, de los cuales uno se presentó en el Ayuntamiento sin firma ni sello. Incomprensiblemente la formación socialista no aporta ninguno de los informes técnicos emitidos por los funcionarios municipales conforme a los cuales se ha aprobado el expediente, informes municipales que contradicen los elaborados por encargo del PSOE rondeño.

Ante esta situación la Fiscalía se ha limitado a abrir diligencias informativas, es decir, que ha pedido al Consistorio la documentación oportuna para comprobar si esta causa debe prosperar o ser archivada.

Una acción legal emprendida por el PSOE que no tiene visos de prosperar ya que el equipo de Gobierno municipal aprobó en un pleno este proyecto con todos y cada uno de los informes técnicos favorables que se realizaron por parte de los funcionarios municipales del área de Urbanismo, a los que la formación socialista no le da credibilidad pese a contar con el aval de los técnicos municipales.

Fuentes consultadas de los populares afirman con rotundidad que esta denuncia únicamente tiene como objetivo paralizar una actuación que es de vital importancia para el futuro de la ciudad “y no lo van a conseguir porque siempre hemos actuado en base a los informes técnicos favorables y dentro de la absoluta legalidad”.

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