PSOE, PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía se han embarcado en una reforma del reglamento del Parlamento para acompasarlo al pacto contra el transfuguismo alcanzado a nivel nacional. Este acuerdo, impulsado por los naranjas en Madrid, sirvió para justificar la expulsión de Teresa Rodríguez y ocho de sus diputados afines el pasado noviembre tras varias semanas de discusiones jurídicas provocadas, precisamente, por una laguna en la norma que rige el funcionamiento del legislativo.

El objetivo de esta remodelación parcial es llenar ese hueco y ampliar la definición del transfuguismo en en la Cámara regional, pero la redacción acordada por todos los partidos del Legislativo, salvo Vox, generó ayer polémica al incluir en esa consideración la “separación del criterio político” respecto a la candidatura que le dio acceso al escaño.



La reforma se registró el pasado 21 de enero como proposición de ley y seguirá un trámite abreviado, ya que la intención de los partidos y de la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, es aprobarla lo antes posible. No podrá hacerse por lectura única, que requiere unanimidad, ya que Vox se ha desmarcado del acuerdo, según explicó su portavoz, Alejandro Hernández, por dudas “jurídicas” sobre algunos de los postulados que contempla el texto. Más allá de las consecuencias de separarse del “criterio político”, la iniciativa retoca los artículos 21, 24 y 26 del reglamento y añade una disposición adicional.

El primero de los apartados obliga a los grupos parlamentarios a dotarse de un reglamento de funcionamiento –sólo Adelante no tiene normas internas ahora mismo– que establezca cómo se entra y se sale del organismo. Éste fue uno de los principales motivos de discusión en el proceso de expulsión de Rodríguez, ya que la voluntad de la minoría del grupo –seis diputados– prevaleció sobre la mayoría. El artículo 24 alude a las fórmulas que justifican la baja de un diputado, pero también retira a la Mesa la potestad de decidir sobre la expulsión y limita su acción a la confirmación de que sigue el procedimiento acordado por el grupo. Ésta fue otra de las polémicas que trufó el proceso de expulsión de Rodríguez, ya que la Mesa del Parlamento pidió a IU y Podemos la justificación del acto de transfuguismo.

La reforma también regula el procedimiento de intervención de los diputados no adscritos en el Pleno y las comisiones y contempla que cuando el número de parlamentarios sin grupo “altere la proporcionalidad” se podrán “establecer fórmulas que repongan la representación política” que salió de las elecciones, como el voto ponderado. Esto, según Teresa Rodríguez, “rompe el principio de un diputado, un voto”.Desde los partidos proponentes explican que este fragmento está pensado para evitar desequilibrios en órganos colegiados, como la Diputación permanente o las comisiones, donde el voto de los no adscritos podría difuminar las mayorías del Parlamento. Juristas consultados por esta redacción reconocen que este punto es “ambiguo” y queda abierto a interpretaciones futuras.

La reforma propuesta por todos los partidos salvo Vox también establece que, si se produce “la usurpación parcial o completa” de la denominación de un grupo, el perjudicado podrá pedir a la Mesa un cambio de denominción mientras se mantenga la situación. También contempla que los “derechos, facultades, funciones, posibilidades de actuación y medios” lo serán sobre la base del número de diputados obtenidos en las elecciones, “sin que resulte relevante el número de diputados con que cuente en cada momento el grupo parlamentario”.

Cuando se apruebe la modificación, como muy pronto en abril, de este punto se podrán beneficiar tanto Vox como Adelante, aunque en el caso de la formación de derechas la merma en sus fondos es mucho menor, ya que sólo ha perdido una diputada, frente a los nueve expulsados de la coalición entre IUyPodemos. No obstante, la reforma no está cerrada y deberá debatirse en la Cámara, por lo que podrán modificarse algunos de los puntos que puedan provocar discrepancia entre los grupos.

Teresa Rodríguez anunció ayer que acudirá al Tribunal Constitucional para interponer un recurso de amparo contra esta reforma del reglamento de la Cámara. La política gaditana y los otros ocho diputados expulsados del grupo de Adelante ya acudieron al Alto Tribunal para pedir amparo por su expulsión, ya que consideran que se ha vulnerado su derecho fundamental de representación política. Entre las medidas cautelares reclamadas, aún no resueltas, se encuentra la readmisión en Adelante de los nueve parlamentarios. De atenderse esta petición, Rodríguez y los suyos recuperarían el control del grupo.

¿Qué puede hacer un diputado no adscrito?

Un diputado no adscrito tiene los derechos muy limitados según el reglamento actual del Parlamento de Andalucía, pero tiene margen para participar, en cierta forma, en la vida del Legislativo. Para presentar una proposición de ley, potestad inicialmente reservada para los grupos, necesitan la firma de once diputados, algo que está a mano de Teresa Rodríguez y sus aliados, ya que dos de los diputados de Adelante son afines a la ex líder de Podemos y no han sido expulsados. En los procedimientos legislativos también pueden solicitar comparecencias de agentes sociales, presentar enmiendas y defenderlas. También pueden presentar interpelaciones y mociones, así como preguntas en Pleno o comisión, pero no al presidente de la Junta en la sesión de control. Por contra, no pueden participar en un debate de investidura ni en uno de Presupuestos.

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