Hasta el 1 de octubre, cuando la Junta de Andalucía decretó el cierre comercial de por las tardes, el 30% de los brotes se había originado en locales de ocio y de hostelería. 147 de los 481 focos trazados hasta su origen. Desde esa fecha hasta el 29 de noviembre, ya con los cierres, el porcentaje bajó al 5%. Ése es el razonamiento que ha llevado al Gobierno andaluz a no abrir por completo los bares y restaurantes, lo que ha provocado la primera crisis del Ejecutivo con uno de los sectores que mejor había tratado.

Esa noche Juanma Moreno no pegó ojo. El presidente de la Junta se confesó de este modo ante el periodista Carlos Francino en la Ser poco antes de que se reuniese con el comité técnico del Covid y anunciase un levantamiento parcial de la restricciones que ha sido contestado de modo muy duro por la federación de hosteleros de Andalucía. Hasta ahora, estos empresarios, agrupados en la patronal Horeca, y los autónomos del sector habían sido aliados del Gobierno andaluz cuando el que tomaba las decisiones era el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero convencido por los técnicos del riesgo de contagio en las largas, y alcohólicas, sobremesas de la Navidad, Moreno ha impuesto un cortafuegos en bares y restaurantes entre las seis y las ocho de la tarde. Es su primera decisión impopular sobre un sector que pudiera considerarse amigo.



En el Gobierno andaluz son conscientes del malestar de estos empresarios, pero tampoco comprenden la reacción -se han convocado manifestaciones- por dos horas de apertura. “La gente debe comprender que en Andalucía se estrella un avión todos los días, hay 50, 60 muertos, y la preocupación parece ser que son dos horas de copas”, sostiene un miembro del Gobierno andaluz. Dos consejeros implicados en la lucha contra la pandemia han sostenido que la reacción de Horeca es “desmedida” e “incomprensible”, y como dato aportan que Aragón, Navarra, País Vasco y Cataluña han tenido semanas de cierres completos. 

La evolución de los contagios en Andalucía ha sido muy buena desde que se perimetró a la población en sus municipios y se decretó el cierre comercial por las tardes. La tasa de incidencia (medida en número de nuevos contagios en 14 días por cada 100.000 habitantes) pasó de más de 500 a 146, y una provincia, Sevilla, ya está por debajo de 100. El Ministerio de Sanidad se ha fijado como objetivo bajar de 50, y es posible que algunas provincias andaluzas lleguen a ese límite a lo largo de la próxima semana, cuando aún no abrirán los bares por las tardes. 

Sin embargo, el número de hospitalizados es alto, hay 1.506 personas ingresadas, un 43% menos que en el pico, pero el SAS ya sabe que bastan cuatro días de movimientos y de excesos para que los pacientes entren de 100 en 100 en los hospitales. Es lo que ocurrió después del puente del Pilar. Por eso, el criterio de los expertos es la de la prudencia máxima, y los dirigentes de la Junta han aprendido de a amarga experiencia del pos verano: una ola mayor que la anterior. 

Las largas sobremesas de los festivos se hacen incontrolables a efectos de la pandemia en unos recintos donde, a diferencia, del resto, no se lleva mascarilla. Desde el Gobierno se apunta que podían haber dejado dos horas más, hasta las ocho de la tarde, pero se habría perdido la cena, y eso es lo que se ha querido salvar. El vicepresidente del Gobierno, Juan Marín, ha subrayado que, con estas restricciones, los bares podrán abrir 14 horas, incluidas las de los desayunos, almuerzos y cenas.

Frente al PP y a Ciudadanos, se han alzado Vox, PSOE y Adelante. Los aliados de la derecha han calificado las medidas de “golpe duro” al sector por unos “límites horarios contraproducentes”, mientras que la socialista Susana Díaz ha asegurado que comparte la “indignación” por el “despropósito”. El PSOE ya había establecido una buena comunicación con Horeca a principios de esta semana y venía criticando la debilidad de las ayudas de la Junta al sector.

En cierto sentido, los socialistas devuelven al Gobierno de Juanma Moreno la actitud que mantuvo durante la primera ola, cuando las decisiones las tomaba el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El más beligerante fue el vicepresidente Juan Marín, que acusó al Gobierno central de boicotear al sector turístico y de maltratar a Málaga y Granada. Meses después, la propia Junta tuvo que diferenciar el caso granadino de los demás con un cierre total de su comercio y hostelería.

 

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