El CGPJ revisa mañana el acuerdo entre Bolaños y Vilaplana sobre la instrucción de las macrocausas

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resolverá en su reunión de mañana los recursos presentados por las defensas de 18 investigados en las distintas macrocausas que se investigan en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, contra el pacto alcanzado entre la titular del juzgado y el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana para que éste continuara con la instrucción de estos macrocprocesos, una vez que la juez María Núñez Bolaños renunció a dicha instrucción tras el archivo de la denuncia que presentó la Fiscalía Anticorrupción, lo que desató otra batalla legal, en torno a las macrocausas.

El CGPJ debe resolver los cuatro recursos de alzada que se han acumulado y que fueron presentados por las defensas de 18 de los investigados en las distintas macrocausas contra  la resolución de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del pasado 14 de septiembre, que aprobó la nueva atribución de las macrocausas según la propuesta realizada por Bolaños y Vilaplana.



La ponente de estos recursos es la vocal Nuria Díaz Abad, quien precisamente emitió un voto particular contrario al archivo de las diligencias informativas abiertas a la juez Bolaños en relación con la denuncia de la Fiscalía, al estimar que una “consideración global y unitaria” del proceder de la magistrada reflejaba “importantes retrasos” en la instrucción que influyó en el sobreseimiento de diversas piezas. Esta vocal, que es abogada del Estado, es la que debe decidir por tanto sobre la petición de si se anula o no el acuerdo de la Sala de Gobierno, lo que en caso de darle la razón a las defensas devolvería la instrucción de las macrocausas a la juez Bolaños.

En uno de los recursos, una defensa advierte de que el reparto de los asuntos entre Bolaños y Vilaplana se llevó a cabo conforme a los “criterios fijados por ellos mismos, ajenos por completo a los predeterminados por la ley, que en ningún caso previene que pudieran asumirse por el juez de apoyo aquellos que estaban atribuidos a la juez titular antes de su baja”, por lo que el pacto “desborda la competencia señalada por la ley y los criterios que para su reparto vienen predeterminados”.

Y finalmente, añade esta defensa, el acuerdo tiene como efecto el “apartar” a la juez titular de los macrojuicios, aquellos respecto de los que la instructora “ha venido manteniendo criterios que si bien son reiteradamente confirmados” por la Audiencia, “resultan abiertamente contrarios a los que mantiene la Fiscalía Anticorrupción”, que fue precisamente la que denunció a la magistrada por supuestas faltas graves o muy graves que fueron rechazadas con rotundidad en el informe realizado por los inspectores del CGPJ. Y con ese acuerdo, prosigue la defensa, “el juez de apoyo asume indebidamente todos esos macroprocesos, en los que mantiene criterios conformes con los de la Fiscalía Anticorrupción”.

Vilaplana defiende el pacto

Por su parte, el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana emitió, a instancias del Consejo, un informe en el que alegaba que el pacto alcanzado para la redistribución del trabajo es “correcto” y “perfectamente legal”, como de hecho ha venido haciendo durante el año aproximado en el que Bolaños estuvo de baja por motivos de salud.

El magistrado asegura asimismo, en el informe remitido al máximo órgano de gobierno de los jueces, que el acuerdo no vulnera en ningún caso el derecho al juez natural ordinario predeterminado por la ley, como por el contrario sostienen las defensas.

No es la primera vez que Vilaplana reivindica la legalidad del nuevo reparto de funciones, dado que en septiembre del año pasado comenzó a responder al aluvión de peticiones realizadas por los abogados de los investigados en muchas de las piezas de las diferentes macrocausas. Se trata de una actuación que las defensas hicieron en los propios procedimientos judiciales abiertos y que es completamente diferente a la que se sigue ante el CGPJ, donde se han recurrido actos administrativos dictados por la Sala de Gobierno del TSJA.

Vilaplana dictó una providencia, con fecha del 30 de septiembre, en la que rechazó la suspensión de las actuaciones solicitada por una de las defensas mientras se determinaba cuál de los jueces debía continuar con la instrucción. El juez sostuvo en esa providencia que la petición de suspensión de las actuaciones “carece de amparo normativo, teniendo en cuenta el carácter vinculante y ejecutivo del acuerdo de la Excelentísima Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, de fecha 14 de septiembre de 2020”.

En la resolución, José Ignacio Vilaplana añadió que no apreciaba “motivo alguno de nulidad de actuaciones, en particular, por vulneración del derecho de defensa o al juez ordinario predeterminado por la Ley, cuyo riesgo de conculcación se aduce”. Es decir, el juez ratificó que el acuerdo para la redistribución del trabajo no quiebra ninguna garantía del proceso ni para las defensas de los investigados en las distintas causas que ha asumido el juez de refuerzo.

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