El 66% de las entidades de la Junta incumplen las normas de protección de datos

El 66% de las entidades de la Junta carecen de un plan de ciberseguridad y protección de datos, tal como ordena el real decreto que regula esta materia. En un año, 2019, el Gobierno andaluz apenas ha avanzado en protección de datos, por cuenta en 2018, las incumplidoras eran el 75% de las entidades. Éste es uno de los incumplimientos que la Cámara de Cuentas de Andalucía explica en su informe de fiscalización de la Cuenta General de 2019, y que de momento es provisional porque los consejeros nombrados a petición de PP, Ciudadanos y Vox no van a los plenos para provocar la falta de quorum.

El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, indicó ayer que los partidos debían ponerse de acuerdo, aunque él quiere que “se cumpla la ley”. El partido de Bendodo, el PP, así como Vox y Ciudadanos quieren que cese el actual presidente de la Cámara, Antonio López, a pesar de que renovó el cargo en septiembre de 2019 y que el mandato es de tres años. 



En el informe de fiscalización, la Cámara encuentra, al menos, una docena de incumplimientos por parte del Gobierno de la Junta a lo largo de 2019. Otro es la ausencia de un Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres, al que también está obligado porque el Presupuesto de la Junta debe tener una perspectiva de género.

Los dos documentos que la Cámara debería haber aprobado la semana pasada son la fiscalización de la Cuenta General y el Plan de Actuaciones de 2020, donde se fijan los objetivos que deben ser fiscalizados. En el caso de este año, se tendría que estudiar varios aspectos relacionados con el gasto desplegado contra la pandemia de Covid.

La Cámara afea que las fundaciones de la Junta se estén auditando por empresas privadas, que son las que asumen el tipo de corrección que deben realizar. Esto es una irregularidad, porque, como entes públicos, deben ser auditados por la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Aunque 2019 es el primer año de gobierno de PP y de Ciudadanos, estos dos incumplimientos también le fueron afeados al anterior Ejecutivo socialista. Además de los incumplimientos, hay diversas patologías de contabilidad de la Junta que se mantienen ahora, como las abultadas cantidades de facturas impagadas sin respaldo presupuestario y otras sin documentos justificativos. Son 1.236 y 986 millones de euros, respectivamente.   

Respecto al bloque de gastos en el Presupuesto de 2019, la Cámara apunta que no se ha elaborado el informe anual sobre el grado de ejecución de los créditos relacionado con los indicadores de cambio climático. En cuanto al resultado del ejercicio, que fue de superávit, no se ha hecho un seguimiento contable de los gastos financiados con endeudamiento a largo plazo.

Las agencias IDEA, una de las más importantes de la Junta, así como Soprea, no han incluido sus cuentas consolidadas en la Cuenta General objeto de estudio. Por otra parte, varias entidades públicas empresariales no han reintegrado remanentes de transferencias de financiación de explotación de ejercicios anteriores, por importe de 3,71 millones de euros. Siete entidades públicas empresariales incumplen el período medio de pago.

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