La estrategia de vacunación de la Unión Europea marca como objetivo principal la reducción de las muertes y de la gravedad de los enfermos de Covid-19. Esbozado el marco general, los estados miembro disponen de un margen para situar a los grupos prioritarios que serán vacunados en estos primeros meses, periodo caracterizado por la escasez de los lotes de vacunas.
El plan de vacunación de España ha definido ya los primeros cinco grupos, pero las autoridades sanitarias aún estudian cuáles serán los siguientes colectivos en el proceso. A falta de los pormenores, serán las cohortes de mayores de 70 años y los mayores de 60, las personas más vulnerables, los siguientes grupos en ser vacunados.
Pese a la coherencia de tal decisión, de acuerdo con el alto porcentaje de fallecidos y ingresos en la UCI en esos colectivos, no están siendo pocas las presiones que están ejerciendo diversos colectivos profesionales a la hora de postularse como prioritarios en el proceso de inmunización en marcha. Hay sindicatos que lo han pedido para los funcionarios más expuestos –bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad, etcétera–.
También los políticos se han subido a ese carro: el consejero de Educación, Javier Imbroda, sin ir más lejos, ha llegado a pedirlo para los docentes andaluces, así como la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que hizo ayer lo propio con las personas con demencia. Algunos de esos grupos, en efecto, han sido colocados como prioritarios en varios países de la Unión Europea.
Finalmente, los colectivos que sigan en la vacunación a los mayores de 80 años –grupo 5 después de los residentes y su personal, los profesionales sanitarios y las personas dependientes– serán consecutivamente las poblaciones mayores de 70 años y los mayores de 60. Así lo explica el pediatra José Antonio Navarro, experto en vacunas y consultor honorario del Área de Vacunas del Ministerio de Sanidad, un dato que confirmaron fuentes próximas a la ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones del Ministerio citadas por Efe. La concreción final de estos grupos “estará condicionado al número y al tipo de vacuna de los que dispongamos”, añade Navarro.
El porcentaje de muertes en Andalucía, por exponer las guías de la Unión Europea, acapara hasta el momento la población con más de 60 años –más de un 90% del total–. Es el argumento que justifica que el plan de vacunación haya optado por el grupo de más de 80 años –a quienes se les administrará la vacuna a partir del 22 de marzo, de acuerdo a lo indicado en el plan andaluz–.
Después de los más de 400.000 andaluces que forman parte de esa cohorte, entrarán en una fecha que estará determinada por la disponibilidad de dosis de vacunas la población entre 70 y 79 años –cerca de 650.000 andaluces– y, posteriormente, el colectivo entre 60 y 69 años –más de 860.000 personas.
Las autoridades confían en que la llegada de las olas de contagios que están por venir causen un número de muertes y de saturación hospitalaria tales que permitan menos restricciones en la movilidad y el establecimiento de contactos personales.
Sanidad descarta inmunizar con AstraZeneca a los más ancianos
Los expertos en Salud Pública del Ministerio de Sanidad aún no ha tomado la decisión de si administrar la vacuna de AstraZeneca a la tercera edad, como ya han hecho varios países europeos. A la espera de concretar la indicación de este inyectable de la empresa anglo-sueca y la Universidad de Oxford, lo que sí han decidido ya los expertos ministeriales es que a la población con más de 80 años que no viva en residencias les será inoculada exclusivamente dosis de Pfizer y Moderna que, pese a su inestabilidad y complejidad de manejo, han mostrado más eficacia en los ensayos clínicos que el resto. También son más flexibles de modificar ante la aparición de variantes víricas. El anuncio fue comunicado ayer por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. España recibirá al menos 6,7 millones de dosis de las tres vacunas ya aprobadas hasta marzo –dijo Darias–, de las que corresponderán a Andalucía alrededor de 1,2 millones, si se atiende al criterio exclusivo del porcentaje de la población, dato que, de cumplirse, facilitaría la consecución de los objetivos marcados por la UE.