Ciudadanos y PP se hacen con el control de la Cámara de Cuentas

El pleno de la Cámara de Cuentas ha elegido este jueves a su nueva presidenta, Carmen Núñez, en una sesión donde el saliente, Antonio López, ha dejado constancia de que el acto le parece nulo y en el que ha entregado un dictamen que considera ilegal su salida forzosa. López asegura en un escrito que convocó este pleno “por la coerción sufrida” por parte del secretario general de la Cámara.

Carmen Núñez es doctora en Administración y Dirección de Empresas, y fue decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Sevilla durante nueve años. Fue propuesta para ser consejera de la Cámara de Cuentas por Ciudadanos, aunque no tuvo antes cargos relacionados con este partido. Ha sido elegida por cuatro votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.



El pleno también ha nombrado vicepresidenta a Sandra Garrido, que fue propuesta consejera por el PP. Garrido es economista y trabajaba como asesora del grupo parlamentario del PP antes de su nombramiento como vocal de la institución. El secretario de la Cámara, Manuel Aguilar, ha sido concejal del PP en Estepona y es un hombre de confianza del consejero de Presidencia, Elías Bendodo. Está investigado por un caso de una adjudicación pública, relacionado con su puesto de concejal. 

La Cámara de Cuentas es el órgano fiscalizador de las administraciones públicas andaluzas y, en especial, de la Junta de Andalucía. Con estos nombramientos, el consejo de dirección de la institución pasa a ser dirigido por personas propuestas por los partidos del Gobierno andaluz. En esa dirección hay cuatro miembros: presidenta, vicepresidenta, un vocal propuesto por Unidas Podemos y otro que permanece vacante.

Antonio López, que en su día fue propuesto por el PSOE, aunque fue renovado en el cargo por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el 23 de septiembre de 2019, viene sosteniendo que su cese no se ajusta a derecho, porque el mandato para el que fue elegido es inamovible durante los tres años que dura. El PP ha venido defendiendo que Antonio López no podía ser presidente durante más tiempo, porque en febrero se agotó su mandato como consejero de la Cámara. Se agotó, pero en ese mismo instante, fue renovado por el Parlamento, de ahí que nunca ha dejado vacante ese plaza. De hecho, Antonio López seguirá ahora consejero.

El presidente saliente ha entregado un dictamen del catedrático de Derecho Constitucional de la Complutense Eloy García López, en el que argumenta que el cese es contrario a derecho. Básicamente, el informe defiende que López fue nombrado por Juanma Moreno en septiembre de 2019 por un mandato de tres años, y que como tal figura en el Boja. No se ha producido el cese ni la destitución de un cargo que es “inamovible”.

Antonio López ha enviado el dictamen al presidente de la Junta porque es Moreno quien lo nombra y quien, según el catedrático, tiene la responsabilidad ‘in vigilando’ de este mandato. Esta polémica puede acabar en los tribunales una vez que quede publicado el nombramiento de Carmen Núñez si, como se espera, el PSOE presenta un recurso o contencioso.

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