No se trata de un error en el titular. Ni este cronista se ha vuelto majara después de tantos años escribiendo de las macrocausas y de temas judiciales. El mundo del Derecho y el del periodismo pueden provocar situaciones –y titulares de prensa– que muchos considerarían inverosímiles, pero que son reales, verídicos. Y éste que les voy a contar es uno de estos casos.
No hace falta recordar cómo en 2015, hace cinco años, Mercedes Alaya, por entonces instructora de las macrocausas, recibió a su sucesora en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ni las críticas que realizó sobre su capacidad y su supuesta “estrecha relación” con el entonces consejero de Justicia, el fiscal Emilio de Llera. Por decirlo de manera suave, Bolaños no fue recibida de buen grado y tampoco hubo un traspaso de poder como estamos acostumbrados a ver, en otros ámbitos, entre dos jueces, que no dejan de ser compañeros en la sufrida profesión de impartir Justicia.
Bolaños inició su andadura en las macrocausas, que ha terminado cinco años después con su renuncia una vez archivada la denuncia que le presentó la Fiscalía Anticorrupción, mientras Alaya continuó su trayectoria como magistrada en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, el tribunal que resuelve precisamente los recursos de los ERE, aunque Alaya no interviene en los mismos por haber sido con anterioridad la anterior instructora de las macrocausas y tener ya un criterio formado sobre las mismas.
Pero eso no quita que, como ha ocurrido ahora, Alaya no pueda resolver recursos sobre otros asuntos en los que interviene el juzgado de Instrucción número 6 y su titular, la juez Bolaños, que ha sido avalada en un auto cuya ponencia ha correspondido a Alaya y en el que, además, se respalda el nuevo reparto del juzgado acordado entre Bolaños y el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana.
El caso es el siguiente. El juez Vilaplana procesó a un constructor por delitos de estafa y falsedad documental en relación con los honorarios profesionales que reclamaba un bufete de abogados por haber desarrollado su labor proesional. El investigado presentó un recurso de reforma contra la decisión de Vilaplana y el mismo fue resuelto en septiembre pasado por la juez Bolaños, tras incorporarse de su baja laboral y una vez alcanzado el pacto por el que Vilaplana pasaba a ocuparse de las macrocausas y la titular del resto de asuntos ordinarios, entre los que se encontraba este asunto de la reclamación de los honorarios del bufete.
La acusación alegó en el recurso de apelación presentado ante la Audiencia de Sevilla que Bolaños no había instruido ni una sola diligencia del caso, por lo que consideraba que el auto de archivo carecía de “fundamentación e imparcialidad”.
Alaya defiende la “imparcialidad” de Bolaños al acordar el archivo de una causa
Mercedes Alaya asegura en el auto dictado por la Sección Séptima, que tiene fecha del pasado 22 de cotubre, que el recurso debe ser desestimado y confirma la decisión de Bolaños de archivar la causa. “Carece del más mínimo rigor jurídico la alegación realizada acerca de que el auto carece de fundamentación y la instructora de imparcialidad por el hecho de que esta última no haya sido la que haya practicado las diligencias de investigación, pues el hecho de que las mismas se hayan llevado a cabo por el juez de refuerzo de dicho juzgado, no obsta para que por una modificación de las normas de reparto entre ambos jueces, sea ahora la titular de dicho juzgado quien se encargue del conocimiento y análisis de la presente causa”, precisa la resolución de la Audiencia.
Con lo cual, el tribunal está avalando igualmente, como ya hizo la propia Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el acuerdo entre Bolaños y Vilaplana para encomendar a este último la instrucción de todas las macrocausas mientras que la titular del juzgado se encarga de tramitar los asuntos ordinarios y los servicios de guardia.
Hay ya 13 investigados que han pedido al CGPJ que Bolaños vuelva a instruir las macrocausas
Mientras tanto, ya son 13 los investigados cuyas defensas han recurrido en alzada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el acuerdo del TSJA, al considerar que se ha vulnerado el derecho al juez natural prederterminado con el pacto, al estimar que Bolaños debe continuar con la instrucción de las macrocausas.
