Casi 11.000 andaluces -10.994- fallecieron este 2020 mientras esperaban a que se resolviesen los trámites para cobrar la ayuda de la dependencia. En el total de España, la cifra se eleva a 51.540 fallecidos, de las cuales 31.976 fueron dependientes con derecho y 19.564 pendientes de valorar. Los datos los ha aportado la asociación estatal de directores y gerentes en servicios sociales.

Esta asociación estima que cada nueve minutos fallece una personas “en el laberinto burocrático de la ley” y alerta de que se “se está abandonando sin atenciones a las 381.115 personas que están a la espera de la ley de dependencia”. Por comunidades, Cataluña fue la que más fallecidos en lista de espera registró hasta noviembre, seguida de Andalucía y de Madrid.



La tasa de dependientes fallecidos en las residencias fue de 219 por cada 1.000. Por comunidades, las mayores se registraron en Madrid (307), Castilla La Mancha (281) y Cataluña (259). En el mes de octubre, las comunidades con una mayor tasa de personas fallecidas con prestación en residencia por cada 1.000 fueron la Comunidad Foral de Navarra (24,5 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000 en septiembre), Andalucía (24,2) y la Región de Murcia (23,9).

Según el último MoMo (observatorio de mortalidad), elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, este año un total de 227.090 personas fallecieron con solicitud de dependencia, lo que supone un exceso de mortalidad de 39.160 personas en el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) que afecta al 2,3% del total de solicitantes.

La asociación estatal de directores y gerentes en servicios sociales inciden en que el impacto del Covid-19 en el sistema de atención a la dependencia “ha sido catastrófico”, retrocediendo en los indicadores importantes y “generando mucho dolor, sufrimiento y muerte a miles de personas en situación de dependencia y sus familias”.

En este contexto, las tasas de variación a 30 de noviembre respecto a los datos anteriores al estado de alarma fueron todas negativas. Así, hubo 34.412 personas con derecho a prestación pendientes de recibirla menos (-12,8%); se redujo en 34.412 personas beneficiarias con derecho menos (-2,6%); hubo 46.446 solicitudes menos (-2,4%); 39.861 resoluciones menos (-2,3%) y 1.670 personas beneficiaras con prestación menos (-0,1%).

En nueve comunidades autónomas, creció el número de personas beneficiarias con prestación respecto a noviembre de 2019. Las comunidades  donde más aumentaron las personas beneficiarias con prestación fueron la comunidad valenciana (15%, con 13.008 personas más), el Principado de Asturias (13,8%, con 2.924 personas más), Islas Baleares (11%, con 2.268 personas más) y Canarias (8,1%, con 1.888 personas más).

En contraposición, las comunidades más se redujo el número de personas beneficiarias con prestación fueron La Rioja (-7,2%, con 591 personas menos), comunidad de Madrid (-7%, con 10.063 personas beneficiarias con prestación menos) y Cataluña (-4,6%, con 7.484 personas menos).

Por último, la asociación estatal ha advertido de que “urge lograr los acuerdos necesarios en el Consejo Territorial para poder implementar de manera inmediata al reparto del nivel acordado y la asignación del nivel mínimo”.

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